A diez años de la firma del Acuerdo de Paz entre el Gobierno colombiano y las extintas FARC, la Contraloría General de la República advirtió que la implementación enfrenta un riesgo de desfinanciación estructural, debido a que los recursos proyectados desde 2017 siguen siendo insuficientes para cumplir los compromisos pactados.
En un informe sobre la ejecución financiera del Acuerdo, el organismo de control señaló que entre 2017 y 2026 el Estado ha apropiado y ejecutado $138,11 billones, equivalente al 65 % de los recursos estimados en el Marco Fiscal de Mediano Plazo (MFMP) de 2017, que proyectaba una inversión de $211,8 billones.
Sin embargo, la Contraloría sostiene que esa proyección quedó desactualizada frente a las necesidades reales de la implementación, especialmente en materia de Reforma Rural Integral, cuya ejecución requeriría alrededor de $331 billones, según estimaciones de la Misión para la Transformación del Campo.
Con base en ese cálculo, los recursos ejecutados hasta ahora representan apenas el 37 % de la inversión necesaria para cumplir las metas fijadas para 2031.
Contraloría cuestiona la estimación inicial de los costos
El informe concluye que el problema se originó desde la formulación financiera del Acuerdo, ya que el Marco Fiscal de Mediano Plazo de 2017 habría subestimado el alcance de los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDET) y las necesidades de la población rural dispersa.
Además, señala que el cálculo inicial incluyó $37,8 billones que ya hacían parte del Sistema General de Participaciones y trasladó $5,5 billones de responsabilidades financieras a municipios con limitada capacidad fiscal.
La Contraloría también advirtió que, aunque la ley obliga a actualizar anualmente los costos de implementación, hasta 2025 solo se han modificado las metas físicas, mientras que el componente financiero permanece sin ajustes.
Persisten problemas en la ejecución de los recursos
El organismo de control indicó que el 67 % de los recursos destinados a la implementación provienen del Presupuesto General de la Nación, mientras que otro 17 % corresponde al Sistema General de Regalías.
En este último caso, el informe señala que existen 1.068 proyectos aprobados por $10,77 billones, pero aún permanece cerca de $1 billón en iniciativas sin contratar, la mitad de ellas aprobadas durante 2025.
Asimismo, la Contraloría identificó debilidades en la trazabilidad de la inversión.
Aunque el 90,4 % de los proyectos están alineados con los compromisos del Acuerdo, solo el 34,4 % permite identificar con precisión los recursos destinados a municipios PDET, mientras que aún no existe un sistema que permita hacer seguimiento específico a la inversión con enfoque étnico y de género.
Pobreza rural y sustitución de cultivos muestran rezagos
El informe advierte que, pese a la inversión realizada, los cambios estructurales esperados en las zonas rurales aún no se reflejan en los indicadores sociales.
Según la Contraloría, durante la última década la pobreza extrema rural apenas disminuyó un 0,3 %, y al ritmo actual Colombia tardaría 29 años más, es decir, hasta 2053, en alcanzar niveles cercanos a su erradicación.
En materia de lucha contra las drogas, el organismo señaló que se han ejecutado $8,44 billones, equivalente al 65 % de la meta financiera prevista para los primeros 15 años del Acuerdo.
No obstante, aseguró que la persistencia de los cultivos ilícitos evidencia una desconexión entre la inversión realizada y los resultados obtenidos, debido a problemas de sostenibilidad en los programas de sustitución y a la falta de infraestructura, vías y acceso a mercados para las comunidades rurales.
Además, la Contraloría advirtió que el Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos de Uso Ilícito (PNIS) podría enfrentar un vacío jurídico, ya que la ley que sustenta su funcionamiento tiene vigencia hasta el 29 de mayo de 2027.
Llamado a fortalecer la planeación y la transparencia
Frente a este panorama, el organismo de control recomendó priorizar recursos para cubrir los compromisos pendientes, mejorar la calidad del gasto público y fortalecer la coordinación entre el Gobierno nacional y las entidades territoriales.
También instó a las entidades responsables a mejorar los mecanismos de reporte, transparencia y rendición de cuentas, de manera que la ciudadanía pueda ejercer un seguimiento efectivo sobre la ejecución de los recursos destinados a la implementación del Acuerdo de Paz.
La Contraloría concluyó que, sin una estrategia financiera sostenible, articulada y orientada a resultados, existe el riesgo de que los avances alcanzados durante la primera década de implementación sean insuficientes para cumplir los objetivos de transformación territorial, desarrollo rural y construcción de paz previstos en el Acuerdo Final.
