El presidente electo Abelardo De La Espriella ordenó al ministro del Interior designado, Rodrigo Lara Restrepo, presentar una solicitud formal ante el procurador general de la Nación, Gregorio Eljach Pacheco, para que el Ministerio Público intervenga de manera preventiva en varios procesos de contratación que adelanta la Unidad Nacional de Protección (UNP).
Según explicó el mandatario electo, la petición busca garantizar que las decisiones adoptadas por la entidad se ajusten a los principios de legalidad, transparencia y selección objetiva, especialmente en asuntos relacionados con la seguridad del próximo presidente de la República, de los integrantes de su gabinete y de los beneficiarios de los esquemas de protección del Estado.
Preocupación por contrato de escoltas de $78.000 millones
La principal inquietud del Gobierno entrante se concentra en el proceso de Selección Abreviada PSAUNP-054-2026, cuyo presupuesto supera los $78.000 millones y que tiene como propósito contratar el servicio de escoltas para las zonas de protección que incluyen al presidente de la República y a los miembros del nuevo gabinete ministerial.
De La Espriella advirtió que la adjudicación del contrato está prevista antes del 7 de agosto, fecha de posesión del nuevo Gobierno, lo que impediría a la administración entrante revisar los perfiles, la experiencia, la idoneidad y las condiciones de quienes estarán encargados de su esquema de seguridad.
Por ello, solicitó a la Procuraduría requerir el expediente contractual y evaluar la posibilidad de pedir la suspensión preventiva del proceso, hasta que el nuevo Gobierno pueda analizar la necesidad, oportunidad y conveniencia de la contratación.
Vigilancia sobre nombramientos y compra de embarcaciones
La solicitud también incluye la intervención preventiva del Ministerio Público en el proceso mediante el cual la UNP proyecta vincular más de 5.100 Oficiales de Protección en provisionalidad, pese a que, según el Gobierno electo, únicamente cerca de 900 vacantes fueron convocadas mediante concurso de méritos.
Asimismo, pidió ejercer vigilancia preventiva sobre el proceso contractual SC-UNP-050-2026, con el que la entidad busca adquirir 188 botes y 264 motores fuera de borda para 29 municipios de nueve departamentos del país.
En este caso, solicitó revisar la planeación del contrato, los tiempos de ejecución, las especificaciones técnicas de las embarcaciones, el cumplimiento de las normas de seguridad y las garantías de pluralidad de oferentes.
Revisión a contratos para resguardos indígenas
En la comunicación dirigida al procurador general, el presidente electo también pidió seguimiento a seis procesos de contratación iniciados durante julio de 2026 para la adquisición de bienes destinados a la implementación de medidas colectivas de protección para resguardos indígenas.
El Gobierno entrante considera necesario verificar si las necesidades que dieron origen a cada proceso están debidamente sustentadas y si era posible unificar las contrataciones en un solo procedimiento, con el propósito de generar mayor eficiencia administrativa, economías de escala y un uso más eficiente de los recursos públicos.
Finalmente, De La Espriella solicitó que la Procuraduría revise los estudios previos, el análisis del sector y las especificaciones técnicas de estos procesos, con el fin de garantizar la libre concurrencia de
