La exasesora del Ministerio del Interior, Juliana Guerrero, rechazó este domingo las denuncias que la vinculan con una presunta red de corrupción relacionada con el cobro de comisiones a contratistas del Estado, señalando que las acusaciones son falsas y que no ha participado en actividades irregulares.
El pronunciamiento se produjo luego de la publicación de un informe de la revista Semana, en el que se asegura que Juliana Guerrero y su hermana, Verónica Guerrero, habrían recibido millonarias comisiones provenientes de contratistas. La publicación incluye, según el medio, facturas, conversaciones por chat y audios que sustentarían esas afirmaciones.
«Mi silencio no puede interpretarse como aceptación»
En un comunicado dirigido a la opinión pública, Juliana Guerrero explicó que había optado por mantener silencio mientras avanzaban las investigaciones, aunque afirmó que esa posición no puede entenderse como un reconocimiento de los señalamientos.
«Ese silencio no puede seguir interpretándose como una aceptación de las acusaciones injustas y reiteradas que se han formulado en mi contra», manifestó.
Asimismo, negó haber sostenido reuniones con contratistas o intermediarios para gestionar procesos relacionados con la contratación pública.
«Nunca me he reunido con contratistas, intermediarios o personas que se presentan como supuestos ‘empresarios’ para gestionar contratos, influir en decisiones administrativas o participar en actividades al margen de la ley», aseguró.
Niega haber recibido dinero o comisiones
La exfuncionaria también desmintió haber obtenido beneficios económicos derivados de supuestas gestiones ante entidades del Estado.
«Nunca he recibido dinero, comisiones o cualquier otro beneficio económico relacionado con aparentes gestiones ante el sector público», afirmó en el comunicado.
Guerrero agregó que desde hace más de un año no mantiene ningún vínculo contractual ni ocupa cargo alguno en el Gobierno nacional.
La denuncia involucra presuntos contratos en varias entidades
De acuerdo con la publicación de Semana, empresarios de los departamentos de Norte de Santander, Valle del Cauca, Cesar y Santander habrían entregado comisiones a cambio de la adjudicación de contratos en entidades como los ministerios de Vivienda, Ambiente, Igualdad e Interior, así como en la Agencia Nacional de Tierras y el Fondo Colombia en Paz.
Hasta el momento, las autoridades competentes no se han pronunciado sobre el contenido de la denuncia periodística ni sobre el estado de las investigaciones relacionadas con este caso.
