Como una alternativa para reducir el alto nivel de hacinamiento en las cárceles en el Atlántico, las autoridades están evaluando las carpetas de 1.600 reclusos que podrían quedar en libertad próximamente al cumplir con requisitos que no generen impacto a la sociedad.
El estudio se adelanta para reclusos que han cumplido más del 80 por ciento de sus condenas, que no sean delitos de alto impacto como narcotráfico, homicidio y que no estén asociados a bandas criminales.
Este mecanismo legal ayudaría a descongestionar las cárceles, dijo el Secretario del Interior de la Gobernación, Guillermo Polo.
Hay un equipo jurídico que viene estudiando cada caso en coordinación con la Defensoría del Pueblo, para verificar a quienes pueden beneficiar esta medida, explicó el funcionario.
