Bajo una participación amplia y de cara a Colombia, las comisiones primeras conjuntas aprobaron entrada la noche del martes 29 de mayo, el proyecto de Ley que reglamenta el procedimiento de la Justicia Especial para la Paz, en cuyo contenido, la figura de la extradición y la participación de la Procuraduría General de la Nación se elevaron como el “climax” del debate.
Con ponencia del senador Horacio Serpa Uribe (Partido Liberal), el artículo 53 que reglamenta la figura de la extradición, que hoy está en la mira de la opinión pública, gracias a la solicitud promovida por el Gobierno de los Estados Unidos en el caso de Jesús Santrich, se reafirma el mandato constitucional. “Las pruebas que se determinen tienen que estar dirigidas en la fecha en que Santrich cometió el hecho violatorio de la Ley”, dijo el legislador.
En otras palabras, la figura de la extradición en el proyecto de Ley de origen gubernamental aprobado en la sesión conjunta de las comisiones primeras quedo igual, en virtud del Acto Legislativo No. 1 de 2017. “La competencia de la JEP se limita a establecer, si la conducta de un ex combatiente de las FARC es solicitado con anterioridad o posterioridad a la firma del Acuerdo de Paz con el Gobierno del Presidente Juan Manuel Santos”, comentó el Ministro del Interior Guillermo Rivera.
“Si la conducta es posterior a la firma del Acuerdo Final de Paz, es competencia de la JEP. Si la conducta se cometió con posterioridad del Acuerdo, la competencia es de la justicia ordinaria. Eso incluye la extradición. Lo que hizo el proyecto de Ley fue reivindicar lo que ya se había aprobado en la Constitución”, dijo el titular de la cartera política.
Adicionalmente, el proyecto de Ley que fue objeto de estudio y debate por parte de las comisione primeras conjuntas del Congreso, le otorgó al Presidente Juan Manuel Santos –vía decreto- abrir la posibilidad de una planta adicional a la Procuraduría General de la Nación, con el propósito que pueda cumplir con las obligaciones que quedaron consignadas en el Acto Legislativo No.1 de 2017 frente a la JEP.
Para el senador Horacio Serpa Uribe el Ministerio Público no solo es un patrimonio del sistema judicial de Colombia sino el garante de los derechos ciudadanos. “Esta es una justicia transicional que fundamentalmente garantiza los derechos de las víctimas, verdad, justicia, reparación y no repetición”, recordó.
Finalmente, la senadora Claudia López (Alianza Verde) consideró que la salida en falso del caso Santrich, obedeció a que no existía una Ley clara que reglamentara su procedimiento y funcionamiento. “Se demoró el Congreso, pero más vale tarde que nunca. No había mucho que inventarse. En materia legal había que resolver detalles alrededor del procedimiento. Es el procedimiento que se eleva como garantía de los derechos. Espero que eso le dé mayor solidez al funcionamiento de la JEP”, puntualizó la legisladora.
