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Coljuegos rechaza actos de corrupción y suplantación de autoridades en la región Caribe

Ante las denuncias que ha recibido Coljuegos sobre procedimientos irregulares ocurridos en municipios de la región Caribe, el presidente de la entidad, Marco Emilio Hincapié, expresó su rechazo frente a los presuntos casos de suplantación de identidad de servidores públicos.

De acuerdo con la información recopilada, se han identificado casos de abuso de autoridad por parte de supuestos funcionarios, así como la suplantación de servidores de Coljuegos y otras entidades estatales, además del cobro de coimas y extorsiones a comerciantes y operadores del sector.

El presidente reiteró que estas conductas no solo atentan contra la legalidad, sino que afectan directamente los recursos que por ley están destinados al sistema de salud de los colombianos.

“Desde Coljuegos no toleramos la corrupción ni el uso fraudulento del nombre de la entidad. Nuestro compromiso es con un sector legal, justo y transparente”, afirmó Hincapié.

De igual modo, el presidente de Coljuegos reiteró que toda acción oficial por parte de sus funcionarios se realiza bajo estrictos protocolos legales: personal plenamente identificado, documentos oficiales y actas de procedimiento que garantizan el debido proceso.

Asimismo, Hincapié indicó que ningún ciudadano está obligado a entregar dinero, favores o mercancía a cambio de evitar inspecciones o controles.

En respuesta a estos hechos, Coljuegos trabaja articuladamente con la Fiscalía General de la Nación, la Policía Nacional y demás autoridades, amparado en la Ley 643 de 2001, sus decretos reglamentarios y el artículo 209 de la Constitución Política.

Finalmente, Hincapié hizo un llamado a comerciantes, operadores legales y ciudadanos en general a denunciar de manera inmediata cualquier intento de extorsión, suplantación o abuso de autoridad, utilizando los canales oficiales de Coljuegos o acudiendo directamente a las autoridades judiciales.

La entidad aseguró que seguirá reforzando sus acciones para combatir la ilegalidad en el sector, proteger a los operadores autorizados y garantizar que los recursos generados lleguen de forma efectiva al sistema de salud.

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