La Corte Suprema de Justicia compulsó copias contra el presidente Gustavo Petro ante la Comisión de Acusaciones de la Cámara de Representantes, para que se investigue una presunta violación de topes de financiación electoral durante la consulta interpartidista de 2022.
Según la Sala de Instrucción, existirían indicios de que en la campaña presidencial se superaron los límites de gasto por aproximadamente $1.215 millones, mediante un aparente fraccionamiento de facturas de transporte aéreo contratado con la Sociedad Aérea de Ibagué S.A.S.
El alto tribunal indicó que los encargados de la campaña habrían registrado gastos de la consulta presidencial como si correspondieran a la campaña al Senado del Pacto Histórico, lo que habría implicado un reajuste contable para ocultar el verdadero destino de los recursos.
“Las pruebas recaudadas en esta actuación indican que el transporte aéreo (…) fue suministrado únicamente a la campaña a la consulta interna del precandidato Petro Urrego, lo que derivó en el reajuste de la facturación para dividir en dos facturas: una para la campaña al Senado y otra para la consulta interna”, señaló la Corte.
En los registros oficiales, Ricardo Roa, entonces gerente de la campaña presidencial y hoy presidente de Ecopetrol, reportó un gasto de $1.109 millones, mientras que Guillermo Alfonso Jaramillo, responsable de la campaña al Senado, reportó $1.215 millones por el mismo concepto.
Sin embargo, la Corte sostiene que esos recursos habrían sido usados en realidad por la campaña presidencial.
El alto tribunal recordó que ya había compulsado copias a la Fiscalía para investigar a Roa y Jaramillo por los mismos hechos.
