La Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, expresó su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de instalar una Zona de Ubicación Temporal (ZUT) en Tibú, Norte de Santander, destinada al Frente 33 de las disidencias de las FARC. Según la funcionaria, esta medida podría derivar en una peligrosa «alianza institucional» entre la Fuerza Pública y ese grupo armado ilegal.
En declaraciones a la revista Semana, Marín Ortiz advirtió que la zona propuesta carece de condiciones mínimas de seguridad, lo que obligaría a las autoridades a proteger el área y, por ende, al propio grupo insurgente. “La Fuerza Pública va a tener que entrar a proteger esta zona de ubicación. Prácticamente va a implicar una alianza institucional, va a tener que proteger a un grupo armado que no se ha desarmado y que está en guerra con otro grupo”, aseguró.
La zona fue anunciada el pasado 3 de mayo por el presidente Gustavo Petro, como parte del proceso de diálogo con esa disidencia, que opera bajo el mando de alias ‘Calarcá’. No obstante, la decisión ha generado rechazo entre sectores que consideran riesgosa la legitimación de este grupo, especialmente en una región como el Catatumbo, donde el Frente 33 ha protagonizado recientes hechos de violencia.
Solo en los primeros meses del año, los enfrentamientos entre esta disidencia y el ELN dejaron al menos 64.783 personas desplazadas y 117 homicidios, según cifras oficiales. Las alertas se centran en que la presencia institucional en el área podría terminar favoreciendo a un actor armado que no ha cesado su actividad violenta.
