Ante la Procuraduría General de la Nación fue presenta una queja sobre la presunta entrega ilegal del manejo administrativo del Hotel El Prado a un tercero que no forma parte del consorcio con el que el Fondo Nacional de Turismo, Fontur, suscribió en 2016 el contrato de concesión del emblemático inmueble barranquillero, en lo que sería una maniobra para evadir el pago de obligaciones financieras.
La sociedad Salam Delivery Fast S.A.S., que reclama el pago de 1.400 millones de pesos incluidos intereses, radicó el pasado 21 de agosto la misma queja ante Fontur, sin que la entidad haya entrado a revisar este caso y otras deudas que, de acuerdo con lo que conocieron Emisora Atlántico y Zona Cero.com, ha acumulado la administración del hotel.
De acuerdo con los denunciantes, el Consorcio FTP, conformado por las sociedades FTP Investment Colombia Sucursal y Espidel S.A.S., tras perder todos los procesos radicados en su contra en juzgados de Barranquilla, que ordenaron el pago de las obligaciones adquiridas, celebró un “contrato de mandato” con GYG Hoteles S.A.S. con el fin de que se hiciera cargo de la administración del Hotel El Prado, para lo cual abrieron la cuenta bancaria 73001473-5.
“Bajo esa figura dolosa abrieron la cuenta citada con el fin de evadir los embargos decretados por el juez, evasión que constituye un fraude a resolución judicial”, sostiene Antonio Morales, abogado de la sociedad demandante, en la queja radicada ante Fontur.
En ese mismo sentido, en el proceso ante la Procuraduría, Morales sostiene que el contrato de concesión de bienes de uso público “no permite que pueda ser manejado por un tercero”, es decir GYG Hoteles, porque “se estaría violando el contrato de concesión (…) haciendo uso inapropiado de dineros públicos” al transferir estos recursos para que los administre alguien que “no tiene nada que ver con el contrato y es ajeno a la concesión”.
Sostiene el apoderado que ante estas presuntas violaciones “Fontur ha sido permiso”.
La reclamante Salam Delivery Fast insiste ante el Ministerio Público que dichas “conductas constituyen, además de una infracción penal, una infracción disciplinaria”, porque “utilizan en forma dolosa bienes de uso público y evaden órdenes judiciales”, ante lo cual piden sancionar a Fontur porque, a su juicio, “no ha cumplido con su obligación legal de administrar y velar por los recursos de la operación del Hotel El Prado”.
Además del dinero que reclama la sociedad Salam Delivery Fast, Emisora Atlántico y Zona Cero.com conocieron que la empresa Asesorías y Servicios Eléctricos y Electrónicos de Colombia, a través de su representante legal Andrés Santos Polo, también presentó una queja ante Fontur por el no pago de 140 millones de pesos.
Esta compañía fue contratada por el Consorcio FTP para la remodelación y adecuación eléctrica, pero desde enero le han “incumplido los pagos pactados” por concepto del Contrato 00592018.
Sostiene Santos Polo que, en reiteradas ocasiones, el concesionario “ha ridiculizado a la empresa pidiendo que cambiemos las fechas de las facturas para efectuarnos el pago, pero estos no han llegado”.
La empresa eléctrica señala que funcionarios del hotel “nunca han querido reunirse con nuestro representante legal, aduciendo que la persona autorizada no vive en el país y cuando esa persona llega a Colombia nunca nos informan ni dan cara para realizar los pagos o llegar a algún acuerdo”.
¿Qué otras deudas se han acumulado en el manejo del Hotel El Prado, considerado una joya desde el punto de vista arquitectónico? ¿Por qué Fontur no ha querido revisar el manejo administrativo y financiero que le está dando el Consorcio FTP?
Twitter: @JoseGranadosF
