Las 23 víctimas de desapariciones y ejecuciones extrajudiciales atribuidas a exintegrantes del Batallón de Artillería N.° 2 ‘La Popa’ eran oriundas de distintos puntos del país, entre ellos Montería (Córdoba), Ocaña (Norte de Santander), Barranquilla, Baranoa (Atlántico), Fundación y Santa Marta (Magdalena), Manaure, San Juan del Cesar, Codazzi y Valledupar (Cesar), Riohacha (La Guajira), así como de pueblos indígenas de la Sierra Nevada.
Durante el acto de reconocimiento, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, pidió perdón en nombre del Gobierno nacional, señalando que “con estas acciones se deshonraron territorios sagrados y se afectaron profundamente los procesos de gobierno propio y la autonomía de estas comunidades”. El mensaje estuvo dirigido a las madres, padres, hijos, hermanos y comunidades indígenas a las que pertenecían las víctimas.
Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2008 en los departamentos de Cesar y La Guajira, donde los responsables —exmiembros del Ejército— ejecutaron y desaparecieron a jóvenes campesinos y a integrantes de los pueblos Kankuamo, Wiwa y Wayuú, entre ellos una menor de edad embarazada.
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) condenó a 12 exintegrantes del Batallón ‘La Popa’ como máximos responsables. De ellos, 11 aceptaron su participación en 135 muertes ilegítimamente presentadas como bajas en combate.
En la actual administración, el Gobierno ha realizado más de 10 actos públicos de reconocimiento de responsabilidad, mediante los cuales más de 150 víctimas han recibido reparación simbólica.
El Ejecutivo reiteró su compromiso con la verdad, la memoria y la dignificación de las víctimas y sus familias.
