La Defensoría del Pueblo emitió la Alerta Temprana Especial Electoral 2025–2026, en la que advierte posibles riesgos para los derechos civiles y políticos antes, durante y después de las elecciones legislativas y presidenciales del próximo año.
El documento identifica 62 municipios que requieren acción inmediata, 162 con acción urgente, 425 con acción prioritaria y 216 bajo observación permanente.
También identifica vulneraciones a derechos fundamentales e infracciones al Derecho Internacional Humanitario, y formula 20 recomendaciones dirigidas a entidades del Estado para garantizar comicios libres y seguros.
Las recomendaciones están dirigidas a instituciones como el Ministerio del Interior, la Fuerza Pública, la UNP, la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral y los órganos de control.
Por otro lado, la Defensora del Pueblo, Iris Marín Ortiz, pidió medidas especiales para proteger a candidatos, líderes sociales, periodistas, mujeres, jóvenes, población LGBTIQ+ y firmantes de paz.
Reiteró que la alerta tiene un enfoque preventivo y no partidista, con el objetivo de fortalecer la democracia y proteger a la ciudadanía.