Las víctimas acreditadas en el proceso judicial contra el expresidente Álvaro Uribe Vélez enviaron una comunicación oficial a la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para advertir sobre presuntas presiones externas, particularmente provenientes de Estados Unidos, que pondrían en riesgo la independencia del poder judicial en Colombia.
En el documento, dirigido a Margaret Satterthwaite, relatora de la ONU sobre la independencia de jueces y abogados, y a Roberta Clarke, relatora de la CIDH para personas defensoras y operadoras de justicia, los firmantes —entre ellos el senador Iván Cepeda— expresan preocupación por lo que califican como intentos de interferencia en la función jurisdiccional del Estado.
A juicio de los denunciantes, estas acciones «representan una amenaza directa a la independencia judicial, al debido proceso y al equilibrio institucional del Estado colombiano».
La advertencia se produce luego de que Uribe, líder del partido Centro Democrático, fuera hallado culpable en primera instancia por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal, convirtiéndose en el primer expresidente colombiano condenado penalmente.
Las víctimas del caso citaron como ejemplo de injerencia las declaraciones del senador estadounidense Marco Rubio, quien expresó en su cuenta de X: “El único ‘delito’ del expresidente colombiano Uribe ha sido luchar incansablemente y defender su patria. La instrumentalización del poder judicial por parte de jueces radicales ha sentado ahora un preocupante precedente”. Para los firmantes de la comunicación, este tipo de afirmaciones “pueden interpretarse como señales de presión sobre la administración de justicia en Colombia”.
En su misiva, los denunciantes enfatizan que en un Estado de Derecho “la justicia debe operar con plena independencia, sin injerencias externas y con respeto a la soberanía y a las garantías constitucionales”.
Finalmente, solicitaron a las relatorías de la ONU y de la CIDH que adopten medidas urgentes que contribuyan a proteger la integridad del poder judicial colombiano, asegurar condiciones de autonomía para jueces y operadores de justicia, y prevenir cualquier tipo de presión indebida que pueda influir en la decisión de segunda instancia dentro del proceso contra el expresidente Uribe.