La Cámara Colombiana de la Infraestructura (CCI) expresó su preocupación por la decisión del Gobierno Nacional de decretar un aumento del salario mínimo mensual legal vigente del 23,7 %, al considerar que se trata de una medida sin una sustentación técnica suficiente y desconectada de las condiciones reales de la economía.
Si bien el gremio reconoció la importancia de proteger el poder adquisitivo de los trabajadores y avanzar hacia mejores condiciones de vida para los hogares, insistió en que las decisiones salariales deben basarse en criterios objetivos como la productividad, la inflación y la capacidad real de pago de los sectores productivos, especialmente aquellos intensivos en mano de obra formal, como el de la infraestructura.
“El sector de la infraestructura cumple un papel estratégico en la generación de empleo formal, la dinamización regional y la competitividad del país. Un incremento del salario mínimo de esta magnitud eleva de forma inmediata los costos laborales de los proyectos de obra pública y concesiones, presiona los presupuestos contractuales y pone en riesgo la viabilidad financiera de iniciativas clave para el desarrollo”, advirtió Juan Martín Caicedo Ferrer, presidente de la CCI.
El dirigente gremial subrayó que el impacto es aún más crítico para las pequeñas y medianas empresas de ingeniería, que representan más del 90 % del sector, y que enfrentan mayores dificultades para absorber incrementos abruptos en los costos laborales.
La Cámara también calificó como contradictoria la decisión del Gobierno en un contexto de restricciones fiscales y de necesidades urgentes de financiación del presupuesto nacional, ya que el aumento del salario mínimo incrementa de manera significativa el gasto público asociado a la nómina y a los contratos estatales, con efectos que superan los recursos disponibles.
Finalmente, la CCI hizo un llamado al Gobierno Nacional para retomar un diálogo técnico, responsable y basado en evidencia, que permita definir una política salarial coherente con la realidad económica del país, garantizando la preservación del empleo formal, la sostenibilidad fiscal y la ejecución de proyectos estratégicos que impulsan el desarrollo y la equidad territorial.
