La Contraloría General de la República lideró este jueves la mesa de trabajo con la Sociedad de Activos Especiales, la Superintendencia de Servicios Públicos, la Alcaldía de Barranquilla y representantes de Alumbrado Público Barranquilla para recibir insumos que le permitirán al ente de control evaluar si hubo o no presunto detrimento patrimonial en la cesión de acciones de la Empresa Triple A.
La Contraloría recordó que, en estos casos, no existe el control previo porque no es jurídicamente posible condicionar la ejecución o cumplimiento de un contrato a cualquier eventual pronunciamiento del ente de control.
El vicecontralor Carlos Mario Zuluaga señaló que en los contratos estatales las partes deben analizar, mitigar y asumir los riesgos jurídicos y fiscales provenientes de las decisiones que tomen.
Como en todos los casos, la Contraloría General de la República actuará con apego estricto a sus funciones constitucionales y legales, para proteger el patrimonio público de todos los colombianos.
