La Contraloría reiteró que, con corte a junio de 2025, Nueva EPS tiene anticipos pendientes de legalizar por $15,3 billones, hallazgo que ya había compartido con la opinión pública tras una diligencia policial en la que revisó más de 4.000 archivos en esta aseguradora que, desde abril de 2024, está bajo control del Estado.
«La Contraloría General de la República ha venido realizando labores de vigilancia y control sobre el cumplimiento de la gestión fiscal en las operaciones administrativas y financieras de los recursos públicos por parte de los diferentes actores del Sistema General de Seguridad Social en Salud, SGSSS, por lo anterior, adelantó una actuación de policía judicial en la Nueva EPS para obtener la totalidad de los datos requeridos que permitieran conocer su estado administrativo y financiero, toda vez que la Nueva EPS no cuenta con los estados financieros certificados y dictaminados para las vigencias 2023 y 2024», detalló la entidad.
No obstante, en el ejercicio de estas funciones, la Contraloría indicó que ha encontrado limitaciones significativas con relación a la calidad y seguridad de los datos, pues se evidenció que la Nueva EPS no cumple con los atributos esenciales de un sistema de información que garantice la trazabilidad, consistencia y completitud de los datos; situación recurrente en el sector salud que ha promovido una dificultad para conocer el detalle del uso de los recursos de la salud en Colombia.
La Contraloría informó que continuará con las acciones de vigilancia y control fiscal, en tal sentido la delegada de salud adelantará las actuaciones correspondientes para determinar el daño y los presuntos responsables fiscales.
«En la misma vía, este órgano de control realizará requerimientos de información a los diferentes actores del sistema de salud, a través de los mecanismos ordinarios y en caso de ser necesario, se definirá la pertinencia de acudir a las facultades de policía judicial otorgadas por ley». reiteró el funcionario.