La Lonja de Propiedad Horizontal del departamento del Atlántico expresó su preocupación por los efectos económicos y jurídicos que se derivarían del incremento del salario mínimo para 2026, fijado por el Gobierno Nacional en 23,7%, lo que eleva el ingreso mensual a cerca de 2 millones de pesos, incluido el auxilio de transporte.
Si bien el gremio reconoció la importancia de mejorar las condiciones salariales de los trabajadores, advirtió que un aumento que supera ampliamente la inflación y la productividad puede generar impactos negativos en sectores sin márgenes de rentabilidad ni apoyos estatales, como la propiedad horizontal.
“Reconocemos la necesidad de mejorar los ingresos de los trabajadores colombianos. Sin embargo, este incremento puede generar efectos no previstos en sectores que dependen casi exclusivamente del salario mínimo”, señaló la entidad.
Según un análisis económico realizado por expertos en administración de propiedad horizontal, los principales contratos de los conjuntos residenciales registrarían aumentos significativos:
- Contratos de vigilancia privada: incrementos entre 18% y 25%.
- Servicios de aseo y conserjería: alzas entre 15% y 22%.
Como consecuencia directa, la Lonja estima que las cuotas de administración de edificios y conjuntos residenciales podrían incrementarse en promedio entre 12% y 20% durante 2026, dependiendo del nivel de dependencia de estos servicios.
El gremio explicó que estos aumentos se deben a que más del 70% del valor de dichos contratos corresponde a salarios, prestaciones sociales y aportes a la seguridad social, rubros que están directamente indexados al salario mínimo.
Asimismo, advirtió que el impacto económico recaerá de manera inmediata sobre las familias, especialmente de estratos medios, que verán reducido su ingreso disponible, en un contexto marcado por incrementos en servicios públicos, impuestos y el costo general de vida.
“Cada decisión macroeconómica tiene efectos en la vida cotidiana de los ciudadanos. En este caso, el impacto llegará directamente a la vivienda, que es un gasto fijo y un derecho fundamental para millones de familias”, indicó la Lonja.
Finalmente, el gremio hizo un llamado respetuoso al Gobierno Nacional para que se diseñen políticas públicas, medidas de alivio y proyectos de ley que beneficien al sector de la propiedad horizontal, especialmente en proyectos inmobiliarios de estratos 1, 2 y 3, que serían los más afectados.
La Lonja reiteró su propuesta de impulsar un proyecto de ley que permita mitigar el impacto económico, reducir la brecha social generada por el aumento salarial y equilibrar la sostenibilidad financiera del régimen de propiedad horizontal en el país.
