El diario económico La República reveló este lunes que Empresas Públicas de Medellín podría quedarse con uno de los 2 bloques en los que fue fraccionado el mercado de energía en la Región Caribe, a través de la subasta prevista para finales del mes de febrero. Emisora Atlántico reproduce a continuación ese artículo:
La subasta para encontrar al nuevo operador de Electricaribe se realizará en cinco semanas y todas las miradas están puestas en Empresas Públicas de Medellín (EPM). De hecho, LR conoció que recientemente hubo una reunión entre funcionarios del Ministerio de Minas y Energía y miembros de la Junta Directiva de EPM, y que entre los temas que trataron estuvo la urgencia de una propuesta para que la empresa antioqueña se pueda hacer con una parte de Electricaribe.
Esta luz para EPM nace de un artículo que se introdujo en el Plan Nacional de Desarrollo (PND), que la habilita para participar del proceso de compra de Electricaribe sin superar los topes de mercado.
Medidas de apoyo a la empresa
Dentro del PND no solo se incluyó el artículo 318, sino que se determinó todo un bloque de medidas enfocadas a solventar la situación financiera de la empresa y garantizar la prestación del servicio de energía en la Costa. Entre dichas acciones está el financiamiento al Fondo Empresarial de la Superservicios y la sobretasa a la energía de $4 por kilovatio que empezó a cobrarse desde octubre a los estratos 4, 5 y 6. Adicionalmente, el Gobierno asumió el pasivo pensional de Electricaribe, que asciende a $1,7 billones.
En la Ley de Crecimiento que se tramitó también se incluyeron medidas. El art. 142 creó el Fondo de Sostenibilidad Financiera del Sector Eléctrico (Fonse) como un patrimonio autónomo, adscrito al Ministerio de Hacienda, y que desde 2021 contará con recursos anuales por $2 billones. Por otro lado, en este momento hay un proyecto de resolución de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (Creg) que establece “el régimen transitorio especial en materia tarifaria para la región Caribe”, también incluido en el artículo 318 del PND.
“Es parte de la instrumentalización del Plan de Desarrollo. Lo que hace es garantizar que quien adquiera Electricaribe, o alguno de los dos segmentos, va a tener la oportunidad de entrar a competir en materia de indicadores con una transición más suave que la que establece la regulación para todos los distribuidores de energía”, comenta Avendaño. Según la superintendente, mientras que las otras empresas han tenido la posibilidad de hacer mejoras e inversiones, en Electricaribe eso no ha pasado, y, por el contrario, se han venido deteriorando los indicadores.
Intervención lleva tres años
Con el fin garantizar la prestación del servicio de energía para cerca de 2,7 millones de personas en la Costa, la Superservicios intervino a Electricaribe en noviembre de 2016. Tras un fallido intento de venta en 2018, el Gobierno decidió iniciar un proceso de subasta y en junio de 2019 la Superintendencia informó que había seis empresas interesadas que cumplieron los requisitos para participar, a pesar de que se ha aclarado que “ los nombres son reservados”.
La subasta sufrió varios aplazamientos, y aunque se esperaba que se hiciera en diciembre de 2019, por la caída de la Ley de Financiamiento se aplazó hasta febrero, pues el Gobierno consideró que esto podía impactar la declaratoria en la valoración de los mercados de energía.
Para José Camilo Manzur, presidente de la Asociación Colombiana de Distribuidores de Energía Eléctrica (Asocodis), la solución al problema de energía del mercado de la Costa Caribe debe ser integral, definitiva y de largo plazo. “Hay seis empresas precalificadas, no sabemos el nombre, pero se ha especulado sobre algunas. Lo que confiamos y esperamos es que las empresas que participen en el proceso tengan la experiencia adecuada, con un músculo financiero importante, y que sean un jugador importante para el país”, dijo.
