El Gobierno nacional publicó el nuevo decreto de emergencia económica para enfrentar la situación de desastre provocada por la ola invernal, que ha dejado graves afectaciones en Córdoba y otras regiones del país.
Entre las principales medidas se encuentra la creación de un impuesto temporal al patrimonio para personas jurídicas, con el fin de financiar la atención de la emergencia y la recuperación de las zonas impactadas.
¿Cómo funcionará el impuesto?
De acuerdo con el decreto, las empresas con patrimonio líquido superior a 200.000 UVT (aproximadamente $10.474 millones) deberán pagar una tarifa del 0,5 %.
Para los sectores financiero y minero-energético, la tarifa será del 1,6 %, debido a su mayor capacidad contributiva.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que el gravamen será temporal y que, según las proyecciones oficiales, el 56 % del recaudo provendría de los sectores financiero y minero-energético.
Más de 69.000 familias afectadas
El Ministerio de Hacienda reportó que se han registrado 65 emergencias, 53 de ellas por inundaciones, en 61 municipios de ocho departamentos.
El balance preliminar deja:
- Más de 69.000 familias afectadas
- 10 personas fallecidas
- Daños en viviendas, vías, puentes, acueductos, escuelas y centros de salud
- Cerca de 20.000 hectáreas productivas afectadas
- Más de 4.100 viviendas destruidas
Según el Gobierno, el costo estimado para la atención y recuperación asciende a $8 billones, lo que representa un desafío significativo para las finanzas públicas y obliga a movilizar nuevas fuentes de recursos.
Alivios financieros y medidas complementarias
El Ejecutivo informó que el sector financiero anunció un paquete de alivios para las comunidades afectadas, que incluye:
- Período de gracia de 12 meses sin causación de intereses
- Conservación de la calificación crediticia
- Suspensión de cobros, incluso para cartera en mora
- Atención prioritaria y programas de educación financiera
Además, el Gobierno planteó la necesidad de avanzar en medidas adicionales, como la reducción de tasas de interés para créditos dirigidos a la economía popular, especialmente para pequeños productores.
También se propuso fortalecer el crédito asociativo y articular la financiación rural con la estrategia de reforma agraria, con el objetivo de garantizar que la entrega de tierras esté acompañada de acceso efectivo a capital productivo.
Con estas disposiciones, el Ejecutivo busca responder a la emergencia climática mientras estructura el financiamiento para la recuperación de las zonas afectadas.
