La Veeduría Ciudadana al Proceso de Toma de Posesión de Air-e Intervenida, que agrupa a gremios de Atlántico, Magdalena y La Guajira, advirtió que el riesgo de apagón en estos departamentos sigue latente, a pesar del reciente giro de $231 mil millones anunciado por el Ministerio de Minas y Energía.
Según la veeduría, ese monto, correspondiente al pago de subsidios de energía, representa menos del 20% de las deudas que Air-e Intervenida mantiene con las generadoras de energía, cifra que asciende a $1,2 billones y que ha crecido significativamente desde la intervención estatal en septiembre de 2024.
De acuerdo con el balance gremial, a marzo de 2025 la deuda ya suma $2,1 billones, lo que refleja un deterioro financiero acelerado durante los primeros seis meses de administración de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios. Esta situación amenaza con afectar la operación de las plantas térmicas, que podrían quedarse sin insumos para generar energía si no logran cumplir con sus contratos de combustible.
“La intervención del Gobierno nacional a Air-e se realizó sin medidas estructurales ni una asignación oportuna de recursos, lo que ha agravado la situación en lugar de solucionarla”, señalan los gremios en un comunicado. Añaden que el sistema eléctrico regional está más vulnerable ahora que antes de la toma de posesión.
Asimismo, reiteraron su desacuerdo ante eventuales nuevas intervenciones a actores del mercado energético, por considerar que estas acciones afectan la confianza inversionista y podrían generar consecuencias más graves para el Sistema Eléctrico Nacional.
La veeduría también criticó la ausencia de una estrategia integral del Ministerio de Minas que garantice la sostenibilidad operativa del sistema eléctrico mientras se implementa una solución estructural de largo plazo.
Un apagón en la región Caribe, alertan, tendría severos impactos en la productividad, la seguridad, la operación de acueductos, la salud pública y la cadena de suministro de alimentos. “El Gobierno debe actuar con urgencia para evitar consecuencias sociales y económicas irreversibles”, puntualizan.
Finalmente, recordaron que han presentado propuestas concretas basadas en un estudio de Fundesarrollo, que ofrecen alternativas de corto, mediano y largo plazo para estabilizar a Air-e Intervenida, reducir tarifas y mejorar la operación del sistema eléctrico en la región.
