El Comité Intergremial del Atlántico solicita a las autoridades judiciales aplicar todo el rigor de la ley a quienes resulten responsables, tras las investigaciones del caso, no solo de las agresiones físicas y las lesiones personales sufridas por los técnicos de Electricaribe que cumplían la orden de suspenderle el servicio a un usuario, sino de intentar tumbarlos cuando realizaban un trabajo en altura y en cercanía de cables eléctricos de alta tensión, con lo cual pusieron en grave riesgo sus vidas.
La solicitud obedece a los hechos registrados el pasado sábado 13 de abril de 2019 que fueron ampliamente difundidos en un video por redes sociales.
Corresponde a la Fiscalía General de la Nación y a los jueces penales conocer las conductas de los posibles infractores y a la empresa de servicios presentar las denuncias respectivas. Conductas que por lo demás refuerzan prejuicios muy negativos sobre la cultura de la región Caribe y que perjudican gravemente los esfuerzos que hacen el gobierno y los sectores productivos para atraer inversiones que necesitamos todos los usuarios.
Es necesario igualmente que las autoridades respectivas investiguen si el usuario involucrado en estos hechos puede ser judicializado penalmente con base en las normas legales que establecen que las conexiones fraudulentas no solo dan lugar a la suspensión y/o corte del servicio, sino que puede llevar, incluso, a la comisión del delito de defraudación de fluidos, sancionable con cárcel, evento en el que el prestador afectado puede acudir ante las autoridades respectivas.
