El abogado Jaime Lombana recordó que fueron los accionistas mayoritarios de Air-e quienes pidieron la intervención del Gobierno Nacional con el fin de facilitar el cobro de cuentas por recuperar, que ascienden a 5 billones de pesos y corresponden a deudas de municipios, departamentos y usuarios.
Señaló que al Estado le resulta más fácil gestionar este tipo de cobros, pero advirtió que la intervención a esta empresa “no ha servido para nada”.
Lombana, quien representa los intereses de los propietarios de Air-e, manifestó que, durante los nueve meses de intervención, se ha evidenciado una omisión por parte de la Superintendencia de Servicios Públicos y de los agentes interventores en la entrega de información sobre los estados financieros de la entidad y sobre los recursos recuperados.
El abogado expresó que confía en el avance de la investigación que adelanta la Fiscalía General de la Nación sobre la situación de la empresa Air-e.
