El negocio iba bien, y todos estaban tan contentos, hasta que empezó el problema, hace como cinco años.
Antes de esa época unas empresas internacionales, gigantescas y famosas en el mundo entero, que eran las distribuidoras mayoristas, despachaban el combustible a las estaciones de servicio, conocidas popularmente con el célebre nombre de ‘bombas de gasolina’, y ellas se lo vendían a cualquier consumidor que llegara a tanquear.
De esa manera nació en todo el país una tradición típicamente colombiana, mediante la cual las estaciones se mantenían en manos de una misma familia, de generación en generación, pasando de abuelos a nietos, y por eso en cada región la gente hablaba de la bomba de los García, la de Sánchez, la de los Caicedo o la bomba de Jaramillo.
Y así, con la fuerza de la costumbre, cada quien andaba en lo suyo: Ecopetrol, el productor, entregaba el combustible a los grandes distribuidores mayoristas (como Exxon Mobil, Chevron Texaco, Petromil o Terpel), y ellos se lo vendían a las estaciones de servicio, de propiedad de empresarios colombianos comunes y corrientes, medianos o pequeños, que se encargaban del menudeo. Los unos estaban en una cosa y los demás estaban en la otra.
Con el paso del tiempo, esa tradición se arraigó tanto entre nosotros que hasta inventamos el curioso verbo tanquear, que solo se usa en Colombia y no existe en el diccionario castellano, para describir el acto de echar gasolina en el tanque del carro. Ahora, con algo de humor, también se dice ‘tanquear’ cuando alguien está comiendo.
Pero el problema empezó a oscurecerse en los últimos tiempos, hasta el punto de que actualmente los dos bandos, mayoristas y minoristas, están en una batalla campal. Hay disputas y litigios. Acusaciones de monopolio y de competencia desleal. Demandas judiciales. El tema se ha puesto tan delicado que ya llegó a los salones del Congreso Nacional.
A la justicia penal
El otro día, en la Comisión Quinta del Senado, y ante el ministro de Minas, el senador de la oposición Jorge Enrique Robledo sostuvo que “los grandes capitales extranjeros se han lanzado a aplastar a los empresarios de la clase media colombiana, persiguiéndolos como cucarachas”.
El congresista mencionó específicamente el nombre de la compañía Terpel, cuyos actuales propietarios son de origen chileno. “Con el apoyo y respaldo del Gobierno colombiano”, aseguró Robledo, “viene produciéndose la toma del negocio minorista de combustibles por parte de empresas mayoristas, como Terpel. Dicen en su publicidad que ‘Terpel es Colombia’. Paja. Es una empresa extranjera que está concentrando las dos actividades”.
En vista de esos hechos, las contrapartes se han reunido varias veces a discutir sus argumentos en la Cámara de Comercio de Bogotá. No han llegado a ningún acuerdo. Contratado por los minoristas, un equipo de abogados, que encabeza el antiguo magistrado Nilson Pinilla, demandó a Terpel ante la Superintendencia de Industria y Comercio por abuso de posición dominante y por competencia desleal. A renglón seguido, y como consecuencia, entablaron también una denuncia penal, “no solo porque me contrataron para eso, sino porque yo me hago parte de las causas justas”, explica Pinilla.
Entonces resolví reunirme con los dirigentes y apoderados de Fendipetróleo, el gremio que representa a los minoristas. Quería oír sus reclamos, ver sus pruebas, examinar sus documentos. Su presidente es el empresario barranquillero Jairo Gómez Fontalvo.
‘Es un monopolio’
–En Colombia hay en este momento 4.834 estaciones de servicio –me dice Gómez, para empezar–. De ellas, 1.885 conforman la cadena Terpel. Eso es el 39 por ciento del total. Unas 200 son de su propiedad y las otras, afiliadas.
Y afirma que “en esa parte del negocio no existe la libre competencia, ya que los minoristas de las estaciones tienen que firmar contrato con un mayorista, por términos muy largos, y no tienen libertad para comprarles a otros mayoristas”. Los minoristas alegan que esa duplicidad de funciones ha permitido que Terpel se vaya apoderando, al mismo tiempo, tanto de la distribución mayorista como de la venta minorista.
Resulta que el Ministerio de Minas reglamenta mensualmente el margen de utilidad que cada uno de ellos puede ganar. Por ejemplo: en este mes de junio, la utilidad autorizada por el Gobierno fue de 368 pesos con 62 centavos para el mayorista, por cada galón que venda a las estaciones, y de $ 667,96 para el minorista, por cada galón que venda al público.
–Terpel recibe el margen de mayorista, pero también el de minorista –dice el señor Gómez–. Entonces, cada vez que quieren eliminar a un competidor, como han hecho varias veces en distintas regiones, se quedan con el margen de mayorista, bajan el precio al público reduciendo el de minorista y así quiebran a la competencia.
¿Le conviene al consumidor?
Llegados a este punto me parece que es mi deber decirle al señor Gómez que eso le conviene al consumidor, ya que, si compra el combustible más barato en Terpel, le rinde más su dinero.
–Solo en apariencia y en el corto plazo –responde–. Porque apenas eliminan o debilitan al competidor, vuelven a subir los precios.
El presidente de Fendipetróleo sostiene que “por eso vemos que, cuando las estaciones de Terpel no tienen competencia en kilómetros a la redonda, sus precios de venta al público están en el máximo autorizado por la ley”.
Gómez agrega esta conclusión: “Para que haya verdadera y sana competencia, no se debe participar de los dos segmentos del mercado. La competencia debe ser entre iguales y con reglas de juego claras”.
‘Corredor de la Muerte’
Con esos métodos, aseguran los minoristas, Terpel vende el 40,4 por ciento del combustible que se consume en Colombia, sin ningún tipo de competencia en buena parte del territorio nacional. Unos minoristas cartageneros los denunciaron penalmente hace más de un año y la Fiscalía local dictó medida de aseguramiento contra varios directivos de Terpel. Trasladado el caso a Bogotá, la Fiscalía General revocó esa orden.
Las disputas no solo se presentan en las ciudades y caminos del Caribe. Son muchas más las zonas afectadas. Al trayecto entre Tunja y Duitama, en territorio de Boyacá, los propios dueños de estaciones le dicen ‘el Corredor de la Muerte’, por la cantidad de negocios que han tenido que cerrarse en la disputa con Terpel.
Lo más curioso de este conflicto es que Terpel se inició como una compañía colombiana en 1968, hace ya 48 años, cuando fue creada en Bucaramanga para afrontar un grave problema de desabastecimiento de gasolina que estaban sufriendo los santandereanos. De allí se expandió al resto del país.
Después de varias apariciones en el mundo de los negocios, fue adquirida por un grupo de inversionistas chilenos que hoy tienen empresas similares en el propio Chile, Panamá, Ecuador, Venezuela, Perú y México. Por eso, el senador Robledo sostiene que “es paja” seguir creyendo y diciendo que Terpel es colombiana.
Qué dice Terpel
Me parece justo dejar aclarado que Terpel no es el único mayorista de combustibles de Colombia que, al mismo tiempo, posee estaciones de minorista. En este momento hay diez empresas diferentes, entre nacionales y extranjeras, que tienen esa doble condición.
–La diferencia –añade Gómez– es que los demás no se valen del doble margen que reciben para quebrar a sus competidores y, menos aún, a sus propios distribuidores.
Se conoce el caso de un pequeño empresario de Cali que era distribuidor de Terpel y terminó en la ruina. Los demandó ante la justicia. Cuando le preguntaron cómo es posible que uno denuncie a su propio distribuidor, contestó:
–Porque yo no puedo competir con el mismo que me vende.
Debo escribir aquí, en aras de la justicia periodística, que yo quería conocer también el punto de vista de Terpel.
Después de muchos intentos logré ponerme en contacto con uno de sus altos funcionarios. Me pidió mantener su nombre en reserva.
–No es cierto –me respondió– que estemos vendiendo el combustible más barato porque hayamos bajado nuestros márgenes de utilidad para eliminar a los competidores. Eso es una infamia. La verdad es que somos una empresa grande y moderna, y por eso nuestros costos de operación son más rentables que los de ellos. Como tenemos más recursos técnicos y humanos, somos más eficientes. De ahí que nuestros precios sean menores.
Epílogo con ‘dolarducto’
Aquel día, en el debate que ya mencioné, el senador Robledo prosiguió diciendo que no solo las empresas que comercian combustibles “sino otras transnacionales, como las de los supermercados, se están apropiando de ese negocio en Colombia, arruinando a pequeños y medianos empresarios”.
El senador tomó aire y luego inventó una palabra muy apropiada. “Vienen, se nos quedan con los ahorros de los colombianos y, como me decía un día un empresario, lo que montan es un ‘dolarducto’, un tubo por el que se van al extranjero los dólares de la riqueza nacional”.
Robledo anunció otra intervención en el próximo semestre. A renglón seguido, un segundo senador, Milton Rodríguez, que no es opositor sino integrante de ‘la U’, partido de gobierno, también dijo que se está preparando para un debate porque “miles de propietarios de pequeñas estaciones de combustibles están siendo víctimas de injusticias perversas, que el Estado ignora por permisivo”.
De manera, pues, que el asunto no es solo complejo sino duradero. ¿Es que el Estado no controla? ¿Es que no hay regulaciones? ¿Es que aquí cada quien hace lo que quiere? Esto va para largo.
JUAN GOSSAÍN
Especial para EL TIEMPO
Con redacción Economía y Negocios.
