El ministro de Hacienda, Germán Ávila, anunció ante el Congreso que el Gobierno presentará en los próximos días la nueva reforma tributaria o ley de financiamiento.
Ávila confirmó que el proyecto incluirá un capítulo especial para gravar el consumo de licores, tabaco y vapeadores, argumentando que estos productos generan «externalidades negativas».
La propuesta incluirá un capítulo específico para gravar los vapeadores, cigarrillos electrónicos y otros productos de nicotina. La propuesta contempla dos tipos de impuestos que buscan aumentar el recaudo y, según el ministro de Hacienda, generar un impacto positivo en la salud pública.
El primer gravamen es un componente específico que establece tarifas fijas por unidad de producto. Se cobrarán $1.000 por cada mililitro de líquido para vapeo, sin importar si contiene nicotina o no. De la misma forma, se aplicará una tarifa de $1.000 por cada gramo o fracción de productos de nicotina de consumo oral, dérmico o transdérmico.
Dos impuestos para un mismo producto
Adicionalmente, se propone un segundo gravamen, conocido como ad valorem, que se aplicaría a un porcentaje sobre el precio de venta al público de estos productos.
Este sistema de impuestos dual busca aumentar significativamente la tributación sobre los cigarrillos electrónicos y otras formas de consumo de tabaco y nicotina sin combustión.
El ministro Ávila había manifestado previamente el interés del Gobierno en gravar este tipo de productos, que ya cuentan con gravámenes en la Ley de Licores de 2016.
La propuesta forma parte de una revisión integral de los gastos fiscales del país, que también contempla modificar los rangos del IVA que consumen personas de mayores ingresos y aumentar la progresividad de los impuestos de renta y patrimonio.
Impacto de la regla fiscal
La reforma también buscará incrementar la progresividad de los impuestos sobre la renta y el patrimonio. Además, se creará una «nueva dinámica» en los impuestos al carbono, al consumo y los llamados «impuestos saludables».
El ministro prometió que los detalles se darán a conocer con la presentación oficial del proyecto de ley.
Durante su intervención, Ávila también defendió la decisión del Gobierno de aplicar la cláusula de escape de la Regla Fiscal.
Según sus cálculos, de no haber aplicado esta medida, el país habría tenido que hacer un ajuste presupuestario de 3.6% del PIB, lo que habría provocado una «parálisis del aparato estatal».
El ministro advirtió que un ajuste de esa magnitud habría generado una caída del PIB del 1.8%, un aumento del desempleo y la inflación, y una reducción en el recaudo tributario.
