Dentro de este proceso de escogencia del nuevo operador la superintendente de Servicios Públicos, Natasha Avendaño, confirmó a los representantes gubernamentales y empresariales que los oferentes de la próxima subasta tienen las garantías económicas que recibirán a Electricaribe saneada financieramente para que hagan las inversiones requeridas a fin de optimizar el servicio.
Avendaño reiteró que la optimización del servicio requiere inversiones superiores a los 800 mil millones de pesos anuales en los próximos diez años. Hasta el momento el gobierno ha asumido el pasivo pensional por 1.2 billones de pesos, los préstamos de 860 mil millones de pesos que ha recibido la empresa a través del fondo empresarial de la superintendencia y el pasivo financiero con la banca privada y proveedores.
La superservicios también ratificó que las seis empresas interesadas en reemplazar a Electricaribe podrán ofertar por todo el mercado de la costa o por cualquiera de las dos segmentos (caribe sol y caribe mar) en que se ha dividido la región.
