La Procuraduría General de la Nación abrió indagación previa «contra funcionarios por determinar», de la Empresa Colombiana de Petróleos, Ecopetrol, por la celebración de un contrato de consultoría con la firma Covington & Burling LLP, «por un monto cercano a los 5 millones de dólares», para realizar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía, «el cual fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad».
La indagación fue iniciada a partir de información conocida públicamente, en la que se registró que 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluyendo miembros de la junta directiva, «habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física», el cual estaría asociado al contrato celebrado en agosto de 2024.
El órgano de control busca confirmar o descartar la presunta irregularidad cometida, así como identificar o individualizar a los posibles autores, con el propósito de determinar la procedencia o no de una investigación disciplinaria.
La Procuraduría realizará una inspección a las instalaciones de Ecopetrol con el propósito de recaudar información y documentación relacionada con el asunto, así como pidió apoyo a la Dirección Nacional de Investigaciones Especiales de la entidad para establecer, entre otros aspectos, si el contrato de consultoría “fue utilizado como medio o estrategia para interceptar comunicaciones privadas a funcionarios de la entidad”.
Este contrato tenía la finalidad de evaluar el impacto reputacional de su presidente, Ricardo Roa, en la compañía, debido a los diversos escándalos que ha protagonizado.
Pero lo más polémico del hecho es que por contrato tenían que retener correos y documentos de al menos 70 funcionarios, entre los que estaba la junta directiva y el propio Roa.
Sumado a esto se entregó una autorización para interceptar comunicaciones en computadores, dispositivos móviles y tabletas.
Aunque Roa negó tener responsabilidad en este suceso, mantuvo una reunión con el Presidente Gustavo Petro y la junta directiva de Ecopetrol, encuentro en el que renunció la integrante de la misma, Mónica de Greiff.
La razón de su dimisión habrían sido las interceptaciones de las comunicaciones.
Esta nueva polémica en Ecopetrol repercutiría con la salida de Ricardo Roa de la presidencia, a la que llegaría el actual Ministro de Minas y Energía, Edwin Palma.
