La Procuraduría General de la Nación realizó este miércoles una inspección en Ecopetrol, por la celebración del contrato de consultoría con la firma Covington & Burling LLP, por 5.8 millones de dólares.
La compañía indicó que entregó al Ministerio Público «la información solicitada en desarrollo de la visita oficial realizada el día de hoy».
El contrato tenía como objetivo ejecutar un análisis de riesgos reputacionales del presidente de la compañía, «el cual fue modificado, al parecer, sin autorización de la junta directiva, como estrategia para interceptar comunicaciones internas a funcionarios de la entidad».
Recordemos que la Procuraduría abrió una indagación preliminar porque 70 altos funcionarios de Ecopetrol, incluyendo miembros de la junta directiva, «habrían sido objeto de un procedimiento de retención y preservación de comunicaciones e información digital y física», el cual estaría asociado al contrato celebrado en agosto de 2024.
La empresa aseguró que «garantiza la cooperación con las autoridades y ha puesto en conocimiento de la entidad los avances de las averiguaciones internas relativos a la filtración de información».
Dentro de la información entregada, hay documentación y soportes requeridos, incluyendo los procesos de gestión contractual, documental y digital asociados al contrato mencionado.
«La entrega fue realizada directamente a los funcionarios designados, bajo estrictos protocolos de integridad, trazabilidad y confidencialidad», expresó la compañía.
Asimismo, Ecopetrol afirmó que puso en conocimiento de los delegados los avances de la investigación interna que viene adelantando el área de Tecnología, «donde se identificaron patrones de comportamientos anómalos en los sistemas corporativos, asociados a la posible filtración de información confidencial, reservada y privilegiada».
Ecopetrol reiteró su disposición absoluta para cooperar con todas las autoridades competentes, la Procuraduría General de la Nación, la Fiscalía General de la Nación y la Contraloría General de la República.
