La Procuraduría General de la Nación alertó sobre el escaso avance operacional y financiero de Air-e S.A.S. E.S.P., empresa comercializadora y distribuidora de energía en la región Caribe, luego de asumir su control administrativo.
Tras 19 meses de intervención administrativa, el ente de control advirtió que no se evidencian resultados estructurales que garanticen la viabilidad de la electrificadora, razón por la cual requirió a la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios (SSPD) y a la agente interventora, Tania Patricia Peñaranda Zuleta, explicar los avances operacionales y financieros alcanzados, así como sustentar las decisiones adoptadas durante este proceso.
A la Procuraduría le preocupa que, hasta la fecha, no existan estados financieros plenamente verificados ni se haya publicado la totalidad de los informes de auditoría correspondientes.
Asimismo, el Ministerio Público manifestó inquietud por el aumento sostenido del pasivo corporativo y por las presuntas irregularidades contractuales conocidas públicamente.
A esto se suma que, según la entidad, la constante rotación de interventores —cinco hasta el momento— afecta la continuidad y la trazabilidad técnica, administrativa y documental de la intervención.
Frente a la incertidumbre sobre una solución empresarial definitiva, la Procuraduría solicitó a la SSPD remitir la hoja de ruta actualizada para Air-e y detallar los mecanismos de empalme implementados entre las distintas administraciones.
De igual manera, exigió a la empresa intervenida entregar los estados financieros auditados desde septiembre de 2024, la relación precisa de los contratos superiores a 500 millones de pesos y un plan de acción concreto y estructurado para atender las millonarias obligaciones acumuladas con el mercado.
