ACOPI presentó observaciones al articulado de la reforma laboral realizadas por la Comisión Séptima de Cámara han sido aprobados e insistió que representa un desafió para las MiPymes, más en una época en que el crecimiento económico y la inversión se encuentran estancados y el sector empresarial enfrenta una gran incertidumbre.,
El gremio anticipa que darle naturaleza laboral al contrato de aprendizaje, significa que, el costo mensual para las empresas por cada aprendiz pasaría de $975.000 a $2.020.162 aproximadamente, incluyendo las prestaciones legales, sin tener en cuenta los beneficios adicionales que algunas empresas puedan ofrecer, lo que podría aumentar aún más este costo.
Otro aspecto es la reducción de la jornada diurna que iría de 6:00 am a 7:00 pm, que significa un incremento de los costos relacionados con la nómina que agravará aún más los indicadores de informalidad.
Esto es particularmente relevante dado Mediante un sondeo de percepción sobre el Sistema Laboral colombiano realizado por el Observatorio Nacional de la MiPyme de ACOPI, se reveló que, si se modificara la jornada laboral, el 57.1% de los empresarios MiPymes encuestados anticipa un aumento en sus costos; estos aumentos tendrían efectos secundarios negativos, incluida la reducción de puestos de trabajo (34.3%), la incapacidad de contratar nuevos empleados (29.8%), y un pequeño, pero preocupante, porcentaje de empresarios que se vería obligado a cerrar sus empresas (5.2%).
Además, el 91.3% afirmó que no tiene la capacidad de asumir estos incrementos de costos. Por otro lado, el 58.4% de los empresarios indicó que, si se implementara esta modificación en las jornadas diurnas y nocturnas, reduciría su fuerza laboral entre uno y cinco empleados.
Para ACOPI, la decisión de la Comisión Séptima de la Cámara de eliminar el bloque de 20 artículos que regulaban principalmente los aspectos del derecho colectivo demuestra coherencia y responsabilidad con el sector empresarial. La inconveniencia de incluir este bloque normativo, obedece a que tocaba el núcleo de derechos fundamentales y, por lo tanto, debía tramitarse a través de una ley estatutaria en lugar de una ley ordinaria
