La Superintendencia de Transporte reveló que está adelantando procesos contra las empresas que no están prestando el servicio público, así como contra aquellas que expiden manifiestos de carga con la finalidad de venderlos a terceros, sin que estén respaldados por un contrato de transporte celebrado por la empresa.
En consecuencia, en lo que va del 2019 se ha sancionado a 60 empresas con cancelación de la habilitación.
La superintendente Carmen Ligia Valderrama ratificó que la entidad continuará realizando visitas de inspección y analizando las denuncias contra empresas que operen en la ilegalidad, promoviendo así la productividad y competitividad del sector.
En la actualidad, la SuperTransporte se encuentra estudiando varias denuncias sobre ilegalidad en la prestación del servicio público de transporte terrestre automotor de carga, y se están llevando a cabo visitas de verificación para establecer cuáles empresas han cesado injustificadamente sus actividades, se encuentran en causal de disolución, o aparentan funcionar como una empresa de transporte pero en realidad se dedican a legalizar operaciones irregulares vendiendo los manifiestos de carga, para respaldar contratos que no son de la empresa.
Contra las decisiones se pueden interponer recursos de reposición y apelación correspondientes y se garantizarán los derechos del debido proceso y el derecho de defensa.
