La captura del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, durante una operación militar de Estados Unidos, provocó este lunes un choque diplomático en el Consejo de Seguridad de la ONU, donde Washington justificó la acción como parte de la lucha contra el narcotráfico, mientras varios países de América Latina la calificaron como una violación del derecho internacional y otros llamaron a acelerar una transición política en el país caribeño.
El embajador venezolano ante la ONU, Samuel Moncada, denunció una “violación flagrante” de la Carta de las Naciones Unidas y del derecho internacional, al calificar la operación como un “ataque armado ilegítimo”. Exigió la liberación inmediata y el retorno de Maduro, y advirtió que permitir este tipo de acciones equivale a normalizar el uso de la fuerza por encima del derecho.
Moncada llamó a la desescalada y al diálogo, y aseguró que Venezuela se mantiene bajo control institucional, con Delcy Rodríguez como presidenta encargada.
Por su parte, Estados Unidos negó estar en guerra o en una ocupación de Venezuela. Su embajador ante la ONU, Mike Waltz, afirmó que Maduro es “un narcotraficante” y “un presidente ilegítimo”, y sostuvo que su detención fue una “acción policial” para proteger a los ciudadanos estadounidenses del narcoterrorismo.
Waltz aseguró que Washington busca “un futuro mejor para el pueblo venezolano” y afirmó que el presidente Donald Trump ofreció múltiples salidas diplomáticas antes de ordenar la operación.
Condenas a la intervención
Colombia, que impulsó la convocatoria de la reunión con el respaldo de Rusia y China, denunció que la captura de Maduro viola el derecho internacional y la Carta de la ONU. Su representante permanente, Leonor Zalabata, afirmó que la operación supone “evidentes violaciones a la soberanía, la independencia política y la integridad territorial venezolana”.
Además, recordó que Trump amenazó al presidente Gustavo Petro con enviar a Colombia una misión militar similar a la desplegada en Venezuela.
Brasil calificó la operación como “un precedente extremadamente peligroso”. Su embajador, Sérgio Danese, sostuvo que la salida a la crisis venezolana no pasa por la imposición de protectorados, sino por el diálogo y la autodeterminación.
Chile, a través de su representante Paula Narváez, subrayó que “el respeto del derecho internacional no admite excepciones”, incluso frente a gobiernos que considera ilegítimos. Aunque reiteró que no reconoce al régimen de Maduro, advirtió que no existe una solución militar y que un conflicto armado tendría consecuencias devastadoras para la región.
México condenó la “agresión militar” de Estados Unidos. El embajador Héctor Vasconcelos alertó que la operación pone en grave riesgo la estabilidad política y la seguridad regional, y reiteró que el diálogo y la negociación son las únicas vías legítimas, en línea con el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum a reforzar la mediación internacional.
Cuba calificó la acción como un “acto inaceptable y bárbaro”. Su representante, Ernesto Soberón, acusó a Washington de intentar imponer un “Gobierno títere” y confirmó la muerte de 32 militares cubanos durante los operativos.
Nicaragua expresó su “indignación y dolor” por esas muertes y exigió la liberación inmediata de Maduro, al tiempo que reafirmó que América Latina es una “zona de paz”.
Llamados a una transición política
En contraste, Argentina respaldó la actuación de Estados Unidos. Su embajador, Francisco Tropepi, calificó al Gobierno de Maduro como un “régimen ilegítimo” y consideró que la captura podría abrir paso a una transición democrática. También pidió la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, detenido en Venezuela desde diciembre de 2024.
Paraguay instó a una restauración inmediata de la democracia, permitiendo que asuman el poder las autoridades legítimamente electas, en alusión al opositor Edmundo González Urrutia, y pidió la liberación de todos los presos políticos.
Panamá propuso una interinidad limitada en el tiempo para que González Urrutia asuma el Gobierno. Su embajador, Eloy Alfaro, afirmó que su país no reconocerá otra autoridad distinta al presidente electo y advirtió que cualquier continuidad del chavismo equivaldría a legitimar un fraude electoral.
El debate en el Consejo de Seguridad dejó en evidencia una profunda división internacional sobre la captura de Maduro y el futuro político de Venezuela, en un escenario que mantiene en alerta a toda la región.