La Corte Suprema de Justicia de Argentina ratificó la condena de seis años de prisión contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. El fallo también establece su inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos, lo que frustra sus aspiraciones políticas futuras.
Fernández de Kirchner, de 72 años, podría acceder al beneficio de prisión domiciliaria por su edad. La exmandataria fue señalada por favorecer con contratos de obras viales a una empresa ligada a un socio personal durante sus dos periodos presidenciales, entre 2007 y 2015.
El máximo tribunal rechazó tanto el recurso presentado por su defensa como el pedido de la Fiscalía de ampliar la pena a 12 años e incluir el delito de asociación ilícita. La justicia ordenó que la expresidenta se presente ante los tribunales en un plazo de cinco días hábiles para ser detenida.
La sentencia complica su reciente anuncio de candidatura a diputada por la provincia de Buenos Aires, ya que la inhabilitación impide su participación en comicios. Fernández de Kirchner fue vicepresidenta entre 2019 y 2023, y actualmente lidera el Partido Justicialista, principal oposición al gobierno del presidente Javier Milei.
La condena se da en el marco de la llamada «causa Vialidad», en la que se investigó el direccionamiento de contratos públicos en Santa Cruz, bastión político del kirchnerismo. De acuerdo con la Fiscalía, una empresa creada poco antes de que Néstor Kirchner asumiera la presidencia en 2003 —Austral Construcciones— fue favorecida con licitaciones por más de mil millones de dólares. De 51 obras adjudicadas, solo dos fueron terminadas a tiempo, y muchas nunca se finalizaron.
Lázaro Báez, un amigo cercano de la familia Kirchner y titular de la constructora, también fue condenado, al igual que otros exfuncionarios como José López, recordado por haber arrojado bolsos con dinero a un convento en 2016.
Cristina Fernández ha sostenido su inocencia, señalando que nunca se presentó una prueba directa en su contra y que el proceso judicial responde a intereses políticos. En sus redes sociales ha argumentado que las decisiones sobre presupuestos y obras públicas corresponden a otras instancias del Estado, no directamente al presidente o presidenta.
Pese a sus declaraciones, la Cámara de Casación Penal ratificó la sentencia en noviembre de 2024, y con la decisión de la Corte, esta queda en firme.
Tras conocerse el fallo, Fernández de Kirchner dio un discurso desde la sede del Partido Justicialista, donde estuvo acompañada por aliados políticos. En sus palabras, acusó al “Partido Judicial” de impedir la voluntad del pueblo al impedirle participar en futuras elecciones. También insistió en que su condena busca dejar el camino libre al poder económico concentrado ante un eventual colapso del actual gobierno.
Desde el extranjero, el presidente Milei celebró el fallo con un mensaje en redes sociales: “Justicia. Fin”, aludiendo también a supuestos acuerdos políticos y mediáticos que habrían intentado proteger a figuras vinculadas a casos de corrupción.
La causa que derivó en su condena fue declarada delito de lesa humanidad en 2016, por lo que no prescribirá. En medio de este contexto judicial, la expresidenta volvió a denunciar persecución política y recordó el atentado fallido del que fue víctima en septiembre de 2022, cuando un hombre intentó dispararle a quemarropa, pero el arma no se accionó.
“El poder quiere verme presa o muerta, pero no podrá evitar que el pueblo regrese”, declaró ante sus seguidores.
