Han pasado más de veinte días de aquel 18 de octubre en que estalló el más impensado
movimiento social en América Latina. La isla de Chile, en palabras de su propio presidente, se veía
enfrentada a una tremenda manifestación que incluyó expresiones inéditas de violencia (en
“democracia”) contra sus ciudadanos y de parte de sus ciudadanos. Son esos momentos de la Historia en que las emociones se desencadenan y, por lo mismo, son momentos en los que se puede apreciar lo mejor y también lo peor de los seres humanos.
Aún las aguas no se calman y parece que pasará mucho tiempo antes de que ello pase. Los
movimientos sociales, actores políticos colectivos, son una forma que se ha impuesto en el mundo
actual producto, sin duda, de la crisis de la democracia representativa (una forma de hacer la
democracia que ha perpetuado diferencias y que ha desoído muchas de las preocupaciones de la
gente por muchos años).
La gente se ha dado cuenta que la manera de imponer una agenda política a los representantes son las manifestaciones masivas que, para el caso chileno que estamos presenciando, ha significado no solo una alteración sino una propuesta altamente contradictoria con la base programática en que Piñera fue elegido hace menos de dos años. Lo anterior entrega un mensaje que es muy potente, el voto no es la forma más efectiva para provocar los cambios, las movilizaciones masivas, con una importante sensibilidad social que ha permeado prácticamente a todos los sectores sociales, terminan definiendo la agenda de un gobierno de derecha que favorece un crecimiento del Estado en un breve tiempo y en áreas tan sensibles como la salud, la educación y la previsión.
Al realizar un diagnóstico general el movimiento ha terminado por consensuar verdades y, muy en
especial, se han terminado de imponer dos conceptos que se han asumido de manera transversal.
En primer lugar hemos construido, desde el modelo y en la práctica, una sociedad abusiva que ha
afectado de manera humillante la dignidad de las personas (sin duda un llamado de alerta para el
resto de los países de América Latina que comparten un diagnóstico muy parecido).
En segundo lugar, la recriminación más general a los actos de violencia, la violencia social, simbólica, la de los saqueos y destrozos de la propiedad pública y privada y muy en especial la ejercida por los agentes del Estado (Militares y Carabineros). Esto determina que si hemos de construir un nuevo Pacto Social en Chile en este no tienen cabida ni el abuso ni la violencia en cualquiera de sus formas, por lo menos una verdad que debe traducirse en aprendizaje.
La acción del gobierno de Piñera ha deambulado sin mucha claridad al respecto y ello ha impedido
enviar mensajes potentes a la ciudadanía que busca, a través de gestos concretos, sentirse
escuchada. Un gobierno que no ve la gran oportunidad de marcar una diferencia, sino que más
bien avanza a empujones, ya que la actitud reaccionaria termina dando paso a implementar
medidas que no parecían escuchadas: la agenda social, el fin de la integración en materia
tributaria para las grandes empresas y hasta una nueva constitución no eran parte del lenguaje del
gobierno y, a los pocos días, aparecen como anuncios rimbombantes y no muy claros. El gobierno
se quedó sin programa, no tiene una ruta clara, actúa por reacción, con aletazos de ciegos que,
lamentablemente, confabulan contra su propia credibilidad.
Es el momento que los intelectuales del sector se sienten a conversar con una mirada a largo plazo y que generen propuestas que sintonicen con las sensibilidades ciudadanas.
El empresariado, ausente en los primeros días y, en gran medida responsable del diagnóstico, ha
sacado la voz a cuenta gotas. Hoy, después de mucho tiempo de negociar aumentos miserables
del salario mínimo, es posible pagar sueldos más dignos y que aumentan en un 60%. El Presidente
de la Confederación de la Producción y del Comercio llamó a tener un corazón más grande y
manos que ingresen profundamente en sus bolsillos para cumplir con la máxima del Padre Alberto
Hurtado, “Dar hasta que duela”.
Llamaron a construir una sociedad más justa que ahuyente el conflicto social. Parece que la realidad explosiva del conflicto sensibilizó a la clase empresarial por la disrupción del orden, pero no porque no fueran capaces de develar las situaciones lamentables que un sector importante de nuestro país venía viviendo. Es la hora de hacer gestos y de esos de verdad, aquellos que permitan recomponer las confianzas y favorecer relaciones más armónicas, basadas en una verdadera justicia, en especial en lo social y económico.
La clase política no ha estado a la altura. Los sectores de oposición y gobierno no saben cómo
enfrentar la situación, en ellos no se percibe si la crisis la ven como un problema o una
oportunidad y no saben si sacar réditos políticos o concurrir humildemente a la entrega de
soluciones. Lo que sí tienen claro es que han perdido la credibilidad que no se recompone ni
siquiera con la propuesta de bajar su dieta parlamentaria que, groseramente, es la más alta de los
países de la OCDE y con asignaciones que tampoco tienen establecidos sus límites.
Hoy hablan de lo que se les viene pidiendo hace tiempo y para lo cual no ha existido voluntad política: limitaciones a la reelección, disminución de la dieta y mayor claridad en las asignaciones. Por lo menos que estas cuestiones tan pendientes y anheladas por vastos sectores de la población se puedan materializar. La conclusión es igual para casi todos los casos de análisis, era posible
avanzar en estas propuestas, pero tuvimos que enfrentar una crisis para que la posibilidad de
materializarse se acercara a la realidad.
El periodismo tampoco ha actuado con claridad, no son pocos los que recriminan la
intencionalidad de la noticia, donde la actuación del lumpen busca invisibilizar el verdadero
trasfondo de las manifestaciones; en donde los reporteros de radio y televisión aburren y saturan
con las mismas preguntas sobre los tiempos de desplazamiento y los destrozos; donde los
directores de televisión se dan el lujo de cortar a la gente en la calle que no opina de acuerdo a la
línea editorial del medio; donde los presentadores de matinales rasgan vestiduras sobre esta
explosión social cuando durante años se han preocupado solo de la farándula y el
sensacionalismo. La credibilidad por los suelos, las caras de congoja y aflicción no se condicen con
los sueldos supermillonarios que muchas veces superan a los de los políticos más criticados.
Los únicos que parecen haber dado el ancho en el Chile de los últimos años son los municipios,
llegó pues la hora de cambiar el chip del presidencialismo en Chile y darse cuenta que la madre de
las elecciones tiene que ver con la de nuestras autoridades locales. Ellos enfrentan cotidianamente
las sensibilidades más profundas, ellos, sin importar la orientación ideológica, han hecho el
diagnóstico más certero, aquel que parte de entender que no hay políticas sociales, económicas, culturales en fin, que puedan realizarse sin la gente, a espaldas de ellos. Parece que nuestros
alcaldes, que llaman a un plebiscito para el próximo 7 de diciembre para consultar por una posible
nueva constitución, apuntan en el sentido directo: la política siempre debe entenderse desde
abajo hacia arriba.
Espero que la situación dolorosa que hemos vivido todos los chilenos, sin exclusión, nos permita
descifrar el escenario en el que nos movemos con la mayor altura de miras. El problema es una
oportunidad siempre y cuando concurran las voluntades, desaparezcan las mezquindades y se
materialice un Pacto Social que construya una vigorosa sociedad que tenga como ejes el respeto y
la dignidad de todos, pero muy especialmente de aquellos que durante años la han visto
violentada.
Por Juan Carlos Cura Amar
