La crisis diplomática entre Panamá y Venezuela escaló con la decisión del Gobierno panameño de suspender las actividades de transporte de pasajeros y carga de las aerolíneas venezolanas por 90 días prorrogables.
La medida entrará en vigor el 25 de abril próximo y afecta a «Aeropostal Alas De Venezuela, S.A., Avior Airlines, Consorcio Venezolano De Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos S.A. (Conviasa), Línea Aérea De Servicio Ejecutivo, Regional, Laser, Rutas Aéreas De Venezuela, S.A. (Ravsa), Santa Bárbara Airlines, Turpial Airlines, C.A.», dijo un comunicado oficial.
La resolución fue aprobada este martes por el Gabinete Ejecutivo panameño, cuya votación fue difundida por el Gobierno de Juan Carlos Varela a través de sus redes sociales oficiales.
La medida es anunciada después de que Panamá retiró el pasado jueves a su embajador en Caracas, Miguel Mejía, y pidió a Venezuela hacer lo mismo con el suyo en el país, Jorge Durán, que ese mismo día fue llamado a consultas por el Gobierno de Nicolás Maduro.
Las legaciones diplomáticas están ahora en manos de encargados.
La salida de los embajadores fue precipitada por la decisión de Caracas de suspender los vuelos desde y hacia Venezuela de la aerolínea panameña Copa por 90 días prorrogables, que comenzaron a regir el viernes pasado.
Copa Airlines era una de las pocas aerolíneas internacionales que seguía volando a Venezuela, donde el férreo control de cambios vigentes desde 2003 limita la repatriación de divisas a las empresas.
Muchos venezolanos usan la «conectividad aérea» de Panamá para abastecerse de medicinas, alimentos y de otros productos de primera necesidad «que en Venezuela no hay», alertaba el viernes pasado el presidente Varela al criticar la suspensión de Copa en el país suramericano.
Maduro suspendió los vuelos de Copa así como las relaciones comerciales con altos funcionarios, incluido Varela, y 46 empresas panameñas, en respuesta a la publicación por parte de Panamá de una lista de 55 funcionarios y personalidades venezolanas que pueden suponer un «alto riesgo» de blanqueo.
Así, el Gobierno de Panamá pidió a los agentes financieros extremar la supervisión de cualquier transacción vinculada con los venezolanos que aparecen en la lista, entre ellos el gobernante Maduro, y 16 empresas del país petrolero.
Varela aseguró que ese listado no implicaba sanciones a los venezolanos, y su vicepresidenta y Canciller, Isabel De Saint Malo, tildó el lunes de «agresiva y desproporcionada» la reacción venezolana al mismo.
«Panamá no ha tomado medidas comerciales, pero si no revisa Venezuela sus acciones, vamos a reaccionar y adoptar otras medidas de endurecimiento en proporción, incluyendo la aplicación de la ley de retorsión», dijo De Saint Malo, una advertencia que se concretó con el anuncio de la suspensión de las aerolíneas venezolanas.
