El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, reiteró este jueves que no necesita autorización del Congreso para ordenar ataques contra presuntos carteles del narcotráfico que operen en suelo venezolano, en medio de una escalada de presión política, militar y económica contra el Gobierno de Nicolás Maduro.
Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario sostuvo que, aunque podría compartir información previa con el Legislativo, no está obligado a hacerlo. “No me importaría decírselo al Congreso, pero no es para tanto. No tengo por qué decírselo, ya está comprobado”, afirmó al ser consultado por la prensa.
Las declaraciones se producen luego de que Trump advirtiera sobre posibles ataques a “objetivos terrestres” en Venezuela, en el marco de su estrategia para combatir el narcotráfico, del cual ha acusado reiteradamente a Caracas.
Bloqueo a petroleros y acusaciones por activos expropiados
El pasado martes, el presidente estadounidense anunció en redes sociales que Washington bloqueará todos los petroleros sancionados que entren o salgan de Venezuela transportando crudo. En ese mensaje, acusó al Gobierno venezolano de apropiarse de yacimientos y activos petroleros estadounidenses, en aparente alusión a las expropiaciones realizadas durante la administración de Hugo Chávez.
Despliegue militar en el Caribe y ataques a embarcaciones
Desde el verano, Trump ha ordenado un despliegue militar reforzado en el Caribe con el objetivo declarado de frenar el tráfico de drogas, actividad que también atribuye a redes con vínculos en Venezuela. A partir de septiembre, Estados Unidos ha bombardeado más de dos docenas de supuestas “narcollanchas”, operaciones que, según cifras citadas por el propio mandatario, han dejado cerca de un centenar de muertos.
Debate legal y advertencias internas
La postura de Trump reavivó el debate sobre los límites constitucionales del uso de la fuerza. Dos días antes, una entrevista a Susie Wiles, secretaria de Gabinete del presidente, señaló que un despliegue militar en territorio venezolano equivaldría a un escenario de guerra, lo que sí requeriría el aval del Congreso.
La controversia subraya la tensión entre el Ejecutivo y el Legislativo en materia de política exterior, mientras Washington endurece su estrategia contra Venezuela combinando presión militar, sanciones económicas y restricciones al comercio petrolero.
