El fiscal general de la Nación entregó detalles de la operación que permitió la captura de nuevo personas entre ex directivos y ex empleados de la Universidad Autónoma del Caribe, por el sonado caso de corrupción durante la rectoría de Ramsés Vargas Lamadrid.
Según lo informado por fiscal, la investigación se adelanta en el marco del plan Bolsillos de Cristal para combatir la corrupción en el país, mediante la cual la Dirección Seccional Atlántico de la entidad dejó al descubierto una red criminal que estaría delinquiendo al interior del centro universitario.
Precisó que los capturados presuntamente cometieron irregularidades en el manejo de dineros correspondientes al pago de matrículas de los estudiantes.
Los investigadores evidenciaron que en noviembre de 2017, el entonces rector y representante legal de la Universidad, Ramsés Vargas Lamadrid, reformó el estatuto 131-031 del 5 de diciembre de 2003 para implementar una medida administrativa con la cual se autorizaba el recaudo del dinero en efectivo por gastos pecuniarios, dineros que provenían de los citados pagos y a los cuales se les dio presuntamente una administración desleal, incumpliendo el objeto social de la institución.
Al parecer los indiciados, que hacían parte de los órganos de Dirección de la Universidad (Sala General y Consejo Directivo), la Secretaria de Crédito y Cartera, la Vicerrectoría Financiera, Contabilidad y Tesorería, habrían llegado a un acuerdo para perpetrar la defraudación superior a 16.000 millones de pesos.
El jefe del ente investigador reveló que este operativo que debía realizarse en el curso de la semana fue necesario anticiparlo, “por advertencias que se nos hicieron de la presunta fuga de información por parte del Centro Administrativo de esa ciudad que daba cuenta de la expedición de las órdenes de captura correspondientes”.
“Por eso a pesar de que se obtuvieron las 10 órdenes de captura hay una captura adicional que recae sobre la persona del entonces rector Ramsés Vargas, que no se ha podido hacer efectiva. Nosotros confiamos en que haga presencia prontamente ante la justicia y por supuesto hemos iniciado de manera inmediata una investigación penal porque no puede ser posible que al interior del servicio judicial se difunda información reservada que constituye una manera de obstrucción y daño al buen funcionamiento de la justicia. Se habrían filtrado las órdenes de captura con relación al caso de la Universidad Autónoma del Caribe”, dijo Martínez.
A los indiciados, según su posible responsabilidad, el un fiscal especializado de la Unidad de Administración Pública, Seccional Atlántico, les imputará cargos ante un juez de control de garantías de Barranquilla, por los delitos de enriquecimiento ilícito, corrupción privada, administración desleal, falsedad en documentos, concierto para delinquir con fines de enriquecimiento ilícito y estafa.
