El Cuerpo Técnico de Investigación (CTI) de la Fiscalía capturó a nueve personas señaladas de integrar una red que presuntamente direccionaba contratos financiados con recursos del Sistema General de Regalías (SGR), en medio de irregularidades en su ejecución y posible apropiación de dineros públicos.
Las detenciones se realizaron en Arauca, Barranquilla y Cantagallo (Bolívar), y entre los capturados se encuentran el creador, representantes legales, coordinadores de planeación y financieros, así como la tesorera de la Asociación de Municipios del Caribe (Aremca).
Según la Fiscalía, los investigados habrían logrado que esta asociación fuera designada como ejecutora de regalías por parte de distintas alcaldías y gobernaciones. Una vez obtenidos los avales, direccionaron 101 proyectos por un valor superior a $496.000 millones, correspondientes al periodo entre 2020 y 2026.
Los contratos tenían como objetivo la ejecución de obras civiles, interventorías y proyectos en áreas como saneamiento básico, medio ambiente, agricultura y alimentación, en departamentos como Casanare, Magdalena, Caldas, Santander, La Guajira, Cesar, Bolívar, Arauca y Córdoba.
El ente acusador indicó que las pruebas recolectadas evidencian posibles irregularidades en la contratación, como la violación de los principios de transparencia, publicidad y selección objetiva, además de la presunta apropiación indebida de $3.200 millones en proyectos que debían ejecutarse en Arauca.
Asimismo, la investigación señala que Aremca habría dejado de retener cerca de $14.000 millones correspondientes a la contribución especial de obra pública, un tributo destinado a financiar el Fondo Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Fonsecon).
Los capturados fueron identificados como Gustavo Bolaño Pastrana, Emilia Álvarez Guerrero, Dayana Ramos Guerrero, Fredy Borelly Salazar, Andrés Sáez Miranda, Rafael Flórez Franco, Liliana Urán Germán, Javier Ramírez Marzola y Luis Soto Caraballo. Aunque todos residen en Barranquilla, algunos fueron detenidos en otras regiones del país.
Los implicados serán presentados ante un juez de control de garantías, donde la Fiscalía les imputará delitos como concierto para delinquir agravado, contrato sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, prevaricato, falsedad ideológica en documento público y enriquecimiento ilícito de particulares, entre otros.
