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Capturan a nueve presuntos integrantes de red que cobraba millonarias sumas para manipular procesos judiciales

Funcionarios activos y exfuncionarios de la Policía y el CTI estarían involucrados en el cobro de entre 400 y 1.000 millones de pesos para frenar órdenes de captura y procesos de extinción de dominio.

Las autoridades desarticularon una red de corrupción integrada por funcionarios y particulares que, presuntamente, se dedicaba a direccionar procesos judiciales relacionados con lavado de activos, a cambio de millonarios pagos.

En operativos simultáneos realizados en Bogotá, Chiquinquirá (Boyacá), Pereira (Risaralda) y Granada (Meta) fueron capturadas nueve personas, señaladas de participar en el entramado ilegal.

Entre los detenidos figuran cuatro integrantes activos de la Dijin de la Policía Nacional: el capitán Nelson Fabián Pinzón Rodríguez, los subintendentes Carlos Iván Mendieta Moya y Leonardo Albeiro Padilla Cajamarca, y el patrullero Michael Sebastián Laguado Carrillo.
También fueron capturados los funcionarios del CTI Jimmy Alexander Rodríguez Corredor y Luis Fernando Villalba Cogollo, así como los exfuncionarios de la Policía Nacional y del Inpec Luis Eduardo Riveros García y Rosember Gil Ramírez.

De acuerdo con la investigación de la Fiscalía, los implicados habrían exigido sumas entre 400 y 1.000 millones de pesos a un ciudadano que cumplió condena en Estados Unidos y a sus familiares, a cambio de evitar medidas cautelares con fines de extinción de dominio, frenar órdenes de captura y manipular actuaciones judiciales en su contra.

La Fiscalía ha documentado hechos delictivos ocurridos en 2014, 2015, 2024 y 2025. En algunos casos, los investigados se habrían reunido con las víctimas en Bogotá y Villavicencio, donde exhibían información reservada de los procesos para presionarlos y aumentar los cobros ilegales.

Asimismo, se estableció que algunos de los capturados, aprovechando sus funciones de policía judicial, habrían eliminado material probatorio, alterado evidencias, constriñido testigos y entregado información falsa como represalia ante la negativa de pago. También son señalados de intimidar a un investigador líder para obtener detalles de los expedientes.

Por estos hechos, fiscales de la Seccional Bogotá y de la Dirección Especializada contra la Corrupción imputarán, según la responsabilidad individual, los delitos de concierto para delinquir, concusión, falsedad ideológica en documento público, fraude procesal, tráfico de influencias, acceso abusivo a sistema informático, amenazas a servidor público y abuso de autoridad por acto arbitrario.

Con información de la Fiscalía General de la Nación.

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