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Desarticulada red responsable de alterar y comercializar alimentos que terminaban en los platos del PAE

Un trabajo investigativo y articulado de la Fiscalía, el Ejército Nacional, Invima, Secretarías de Salud y peritos especializados, permitió desarticular una red, responsable de alterar y comercializar alimentos de la canasta familiar, productos de aseo y medicamentos vencidos, a proveedores que contratan y licitan con el Programa de Alimentación Escolar (PAE) y el Instituto de Bienestar Familiar.

Fueron capturadas 12 personas en diligencias realizadas en Medellín  Barranquilla y Bucaramanga,  donde además se incautaron aproximadamente 70 toneladas de productos manipulados y en malas condiciones sanitarias.

El material de prueba obtenido da cuenta de que, al parecer, esta organización criminal adquiría grandes cantidades de alimentos en descomposición, deteriorados, con fechas de caducidad vencidas o muy cercanas a vencerse en puertos marítimos de la Costa Atlántica como Cartagena y Barranquilla o en almacenes de grandes superficies.

Posteriormente, los productos eran trasportados a diferentes bodegas de acopio, en donde presuntamente, les modifican las fechas de vencimiento, los mezclaban con otros insumos de menor calidad con el fin de alterar y rendir los alimentos, tratando de darles apariencia de originalidad.Una vez surtido el proceso de alistamiento, los productos eran reempacados sin las mínimas condiciones de higiene.

Además se estableció que, para algunos insumos como la leche y formulas infantiles, aparentemente utilizaban empaques de marcas reconocidas en los que envasaban barreduras de leche o sobrantes que salen de las bodegas de almacenamiento en puertos o lácteos en polvo de baja calidad, que han ingresado al país de forma ilegal, provenientes de otros países como Chile, Uruguay, Finlandia, sin contar con registro sanitario del INVIMA.

Por estos hechos, a los capturados se les imputó los delitos de corrupción de alimentos, productos médicos y material profiláctico; imitación o simulación de alimentos, productos o sustancias; usurpación de derechos de propiedad industrial; y concierto para delinquir.

Estas personas recibieron medidas privativas de la libertad.

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