En fallo de segunda instancia, la Procuraduría General de la Nación destituyó e inhabilitó al concejal de Galapa, Clímaco Álvarez Beltrán, por haber desempeñado funciones públicas pese a estar inhabilitado por cuenta de una condena de 40 meses de cárcel por el delito de homicidio culposo, proferida en su contra el 12 de octubre de 2012 por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Barranquilla.
Para el Ministerio Público, el concejal tenía la capacidad intelectual y cognitiva para saber que continuar desempeñándose en el cargo, pese a la inhabilidad que le acontecía, constituía un comportamiento contrario al orden jurídico.
La falta fue calificada como gravísima a título de dolo, e indica el auto disciplinario que “él mismo obró de manera consciente y voluntariamente ya que conocía las inhabilidades impuestas en fallo penal ejecutoriado, además doblemente impugnado en acción de tutela, y a pesar de este conocimiento sigue ejerciendo el cargo en la actualidad, de ahí se deriva la voluntad”.
