En el marco de las acciones contra el hurto de energía en la región Caribe, personal de Air-e Intervenida realizó operativos conjuntos con autoridades que permitieron descubrir múltiples conexiones ilegales en predios del Atlántico, Magdalena y La Guajira.
Transformadores conectados ilegalmente en condominio campestre
En zona rural de Sabanagrande, en un predio ubicado en la vía que conduce hacia Pital de Carlín, los técnicos encontraron dos transformadores conectados de forma irregular, uno de 37.5 kVA y otro de 25 kVA, utilizados para abastecer a ocho casas campestres.
Durante la inspección se estableció que las viviendas no tenían contrato vigente con la compañía, por lo que contaban con energía sin recibir facturación.
Tras el procedimiento, los usuarios realizaron un acuerdo de pago por la Energía Dejada de Facturar (EDF) y se comprometieron a entregar la documentación necesaria para legalizar el servicio.
Irregularidades en Barranquilla
En Barranquilla también se detectaron conexiones manipuladas:
- Carrera 64C con calle 86: un restaurante tenía una irregularidad en su sistema eléctrico.
- Barrio Las Estrellas: en un frigorífico del sector de la calle 110 con carrera 34 se halló manipulación de equipos para evadir el pago real del consumo.
Casos en Magdalena
En Santa Marta, las revisiones técnicas revelaron nuevos casos de manipulación de redes:
- Calle 26 con carrera 2A: un hostal operaba con el equipo de medida alterado.
- Carrera 16 con calle 4, cerca de la vía alterna al puerto: una discoteca tenía una conexión directa por fuera del medidor.
Fincas ganaderas y antena conectadas ilegalmente en La Guajira
En La Guajira también fueron identificadas irregularidades:
- En el sector de El Carmen, en Barrancas, y en la vía San Juan del Cesar – Fonseca, dos fincas ganaderas estaban conectadas de manera fraudulenta.
- En la vía a Cuestecita, una antena de telecomunicaciones tomaba energía directamente de la red de Air-e Intervenida.
Las autoridades reiteraron que la manipulación de redes eléctricas no solo afecta la calidad del servicio, sino que representa un riesgo para la vida y podría derivar en sanciones civiles y penales.