Envían a prisión domiciliaria a seis militares por presunta apropiación de recursos para alimentación de soldados

Los oficiales y suboficiales del Ejército estarían implicados en la generación de órdenes falsas de abastecimiento en un batallón de Ocaña, Norte de Santander, por cerca de 200 millones de pesos.

Envían a prisión domiciliaria a seis militares por presunta apropiación de recursos para alimentación de soldados

Seis oficiales y suboficiales del Ejército Nacional fueron enviados a prisión domiciliaria por su presunta participación en irregularidades en el manejo de recursos destinados a la alimentación de soldados, en hechos ocurridos en un batallón de infantería en Ocaña (Norte de Santander).

De acuerdo con la investigación, fueron judicializados cuatro oficiales y tres suboficiales, quienes cumplían funciones administrativas en la unidad militar. Entre los procesados se encuentran el teniente coronel Nelson Cuta Silva, los mayores Camilo Andrés Bonilla Bernal y Jefferson Alexander Silva Ruiz, el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez, y los sargentos Jonathan Andrés Rojas Díaz, Leonardo Ciro López y Luis Edilson Torres Villa.

Según la Fiscalía, los uniformados habrían gestionado, tramitado y apropiado de manera ilegal cerca de 200 millones de pesos, recursos asignados para el bienestar y la alimentación del personal militar. Los elementos materiales probatorios indican que estarían involucrados en cinco eventos delictivos, en los que presuntamente generaron y autorizaron órdenes falsas de suministro de víveres secos y frescos, permitiendo así la ejecución indebida de partidas presupuestales.

Las autoridades señalaron que, para dar apariencia de legalidad a la supuesta entrega de las raciones, se habrían utilizado formatos con nombres de soldados que se encontraban en permisos, vacaciones, turnos de descanso o en operaciones fuera de las instalaciones. Además, estos documentos fueron cargados en los sistemas institucionales sin firmas ni constancias de recibido por parte de los comandantes responsables de certificar el suministro.

Por estos hechos, un fiscal de la Unidad de Administración Pública imputó a los investigados, según su presunta responsabilidad individual, los delitos de peculado por apropiación y falsedad ideológica en documento público, cargos que no fueron aceptados.

Finalmente, por decisión de una juez penal de control de garantías, seis de los procesados deberán cumplir medida de aseguramiento privativa de la libertad en sus domicilios, mientras que el capitán Fermín Esteban Salinas Rodríguez continuará vinculado al proceso judicial sin medida restrictiva.

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