La fiscal 3 delegada contra el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde, le envió una dura carta a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en donde cuestiona la «imposición» o designación de una fiscal de apoyo para la nueva imputación de cargos contra Nicolás Petro, hijo del Presidente Gustavo Petro.
Además denuncia «intromisiones indebidas» en el proceso contra el exdiputado del Atlántico.
En la extensa carta, la fiscal Laborde narra los hechos que se han ido presentando en las últimas semanas. Todo comenzó con la resolución No. 33 de 8 de septiembre de 2025 proferida por la Delegada para las Finanzas Criminales, «por medio de la cual se designa un Fiscal de apoyo de la Delegada para las Finanzas Criminales en la Dirección Especializada Contra el Lavado de Activos dentro del radicado 110016010000202300001», designando a la fiscal María Isabel Ramírez Meléndez para que «brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior del proceso mencionado».
Recordemos que el exdiputado del Atlántico, que actualmente es procesado por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público, el próximo 1o. de octubre será imputado por los delitos de tráfico de influencias, interés indebido en la celebración de contratos y falsedad en documento público.
La Delegada para las Finanzas Criminales, en la designación de la fiscal de apoyo, consideró en su decisión, de acuerdo a lo que manifiesta Laborde, que era necesaria «la disponibilidad de personal sumado a las altas cargas laborales y situaciones administrativas de varios despachos de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, la necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal, nos conducen a la implementación de estrategias que permitan cumplir estos objetivos. Por lo tanto, la delegada para las Finanzas criminales en coordinación con la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, consideran procedente designar como apoyo a la Doctora María Isabel Ramírez Meléndez, Fiscal 4 de la Delegada para las Finanzas Criminales para que brinde acompañamiento, orientación y asesoría jurídica al interior de la Noticia criminal No. 110016010000202300001».
Ante esta situación, Laborde advirtió que lo anterior «no guarda relación alguna con las necesidades» de su despacho.
Aseguró que el proceso contra Nicolás Petro Burgos se ha adelantado de manera «íntegra», pese a los diez aplazamientos que han sido solicitados por la defensa.
«Tengo los conocimientos y la experiencia suficiente, la experticia y las capacidades necesarias para continuar al frente de este proceso», señaló la fiscal 3 delegada contra el lavado de activos, Lucy Marcela Laborde.
También señaló que el caso tiene «un soporte probatorio muy fuerte para adelantarlo» y en letras mayúsculas aseveró: «Y NO REQUIERO APOYO, ASESORÍA NI ORIENTACIÓN EN DICHO ASPECTO».
«Por lo tanto, no se evidencia situación alguna que prevea la «necesidad de hacer efectivos los principios de celeridad, objetividad, oportunidad, eficacia y eficiencia en la administración de justicia, garantizar el debido proceso y los derechos de quienes a cualquier título intervienen en el proceso penal» como reza la resolución», agregó.
Laborde manifestó que la Fiscalía tercera tampoco se encuentra «inmersa en alta carga laboral, ni situación administrativa alguna que amerite la disposición adoptada en esta resolución, aunado a que no media la solicitud previa de asignar un Fiscal de apoyo por parte de la suscrita Fiscal».
A la fiscal del caso de Nicolás Petro le llama la atención que después de un año afrontando sola la carga de un proceso mediático, priorizado y de alto impacto, se designe otro fiscal, «que a la postre se encuentra en otra ciudad, cuando ya se ha culminado la labor que requería apoyo y que coincide con el momento exacto se presenta una solicitud de audiencia de imputación» contra el exdiputado del Atlántico.
«Adelante este proceso sin apoyo, y reubicada a la ciudad de Barranquilla para precisamente cumplir con los principios considerados en la resolución de marras, y en el transcurso de esta labor, además de adolecer de las condiciones necesarias como adecuada oficina y asignación de un asistente, también carecí del apoyo del grupo de investigadores que adelantaron la indagación, pues estos fueron reubicados a dependencias en las cuales no cumplen labores de policía judicial», denunció la funcionaria judicial.
Sorpresiva reunión con otra Dirección Nacional
Laborde advirtió además en su carta que el pasado jueves 18 de septiembre fue convocada de forma «sorpresiva» por la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos y la Dirección Especializada Contra la Corrupción.
Según la fiscal, esta convocatoria «careció de información previa sobre el tema a tratar, y en la cual se me solicitó intempestivamente manifestara los hechos que se investigan en el radicado que es objeto de solicitud de una nueva imputación» contra Nicolás Petro.
«Con la aparente necesidad de conexar ésta con un radicado objeto de una compulsa de copias realizada por el Doctor Mario Andrés Burgos Patiño, además de manifestar el interés en esta reunión pues podrían tratarse de los mismos hechos relacionados con la Fundación Conciencia Social FUCOSO, pues tal como lo manifestó la señora Fiscal 16 especializada DECC, en los medios de comunicación se habría informado que la imputación se adelantaría con relación a contratos realizados con esta fundación», añadió.
De acuerdo con Laborde, en esa reunión se abordaron aspectos «ajenos» a su investigación, «lo cual genera incertidumbre sobre el objetivo de tales reuniones, particularmente cuando ya existe fecha para la audiencia de imputación», contra Petro Burgos.
La fiscal del caso recordó que en la administración de justicia no pueden existir «intromisiones indebidas o actuaciones que resten transparencia al trámite».
Además, la funcionaria judicial indicó que las «figuras como fiscales de apoyo sin solicitud previa, las reuniones convocadas sin claridad sobre su finalidad y el desconocimiento de mi rol de titular frente a solicitudes procesales de la defensa, afectan el equilibrio institucional y pueden menoscabar la autonomía e imparcialidad exigidas por la Constitución y la jurisprudencia».
Los pedidos de Laborde
Ante lo manifestado, la fiscal Laborde realizó varias solicitudes a la Fiscal General de la Nación, Luz Adriana Camargo, en donde inicialmente pide que se le informe «cuál es la finalidad y alcance de la designación de una Fiscal de apoyo dentro del radicado matriz de este este caso, teniendo en cuenta que no fue solicitada por mi despacho ni se advierten causales que lo justifiquen, y por qué se designa justo después de solicitar audiencia de imputación e imposición de medida de aseguramiento ante Juez con función de control de garantías».
También que se precise cuál es el propósito «de las reuniones intrainstitucionales convocadas antes de la audiencia de imputación, en las que se aborda información propia de la investigación a mi cargo».
Por otro lado, que se indique «por qué motivo desde que se solicitó la audiencia de imputación, no se corre traslado a este despacho de las peticiones o solicitudes de la defensa, por el contrario, se ocultan y se responden de forma subrepticia por parte de la Delegada para las Finanzas Criminales, la Directora Contra el Lavado de Activos y la Fiscal de apoyo que ha sido impuesta».
Finalmente, que se adopten medidas necesarias para garantizar «el respeto de mi autonomía e independencia, así como la imparcialidad, principios que, conforme a la jurisprudencia constitucional y legal, prevalecen frente al principio de unidad de gestión cuando éste se ejerce de forma arbitraria o desconoce la independencia funcional de los Fiscales delegados».
