En al menos seis ciudades de Colombia, miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, estarían exigiendo sobresueldos a las administraciones municipales, como condición para trasladar a establecimientos carcelarios a los detenidos que se encuentran hacinados en sitios de reclusión transitoria de las Unidades de Reacción Inmediata de la Fiscalía y en estaciones de Policía.
Esta situación fue advertida en las ciudades de Medellín, Pasto, Cúcuta, Pereira, Villavicencio y Barranquilla, donde los representantes del Inpec se estarían negando a prestar el servicio.
En el caso de Barranquilla, la URI tiene capacidad para 30 personas y hay 80 detenidos. 42 tienen medida de aseguramiento y algunos llevan hasta 7 meses en este lugar.
Llama la atención que en un municipio del Atlántico, en el que la administración municipal habría cedido a las exigencias económicas de funcionarios del Inpec, el traslado de los reclusos a establecimientos penitenciarios fluye normalmente.
La Fiscalía investigará la veracidad de estos hechos y determinará si, eventualmente, podrían estar presentándose delitos como extorsión, constreñimiento, concusión, prevaricato y peculado, entre otros.
