La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) abrió un incidente de desacato y medidas correccionales contra la alcaldesa de Suan, Atlántico, Karolay Calvo Rivera, por incumplir las órdenes relacionadas con la implementación de la Ruta de Memoria, medida cautelar vinculada al megaproyecto de restauración del Canal del Dique.
La funcionaria fue notificada oficialmente el 25 de agosto y dispone de cinco días hábiles para presentar sus argumentos de defensa ante la justicia transicional.
La determinación fue adoptada por la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad, que identificó múltiples irregularidades en los reportes entregados por la administración municipal. Según la verificación, los documentos contienen vacíos sustanciales que reflejan un incumplimiento sistemático y ponen en riesgo los compromisos adquiridos para garantizar los derechos de las víctimas y preservar la memoria histórica en un territorio afectado por el conflicto armado interno.
Entre las falencias señaladas por la JEP se destacan la ausencia de un cronograma detallado de cumplimiento, la falta de concertación plena con la organización Ruta del Cimarronaje y la carencia de un plan de sostenibilidad para asegurar la permanencia del monumento conmemorativo previsto. A esto se suma la inasistencia reiterada de la Alcaldía a las últimas tres sesiones de las Mesas Técnicas sin excusa ni justificación formal.
Para el tribunal, estas omisiones afectan directamente el principio de centralidad de las víctimas en el Sistema Integral de Verdad, Justicia, Reparación y No Repetición, y no corresponden a simples errores administrativos, sino a una conducta que limita la participación comunitaria y desconoce el papel de las víctimas en los procesos de memoria.
El incidente se enmarca en las medidas cautelares dictadas por la JEP sobre el proyecto de “Restauración de Ecosistemas Degradados del Canal del Dique”, solicitadas en 2021 por la organización Ruta del Cimarronaje, que agrupa a comunidades afrodescendientes y víctimas de la región, con el fin de garantizar su participación en las decisiones que impactan el territorio y la memoria colectiva.