La acción investigativa de la Fiscalía, a través de la Seccional Bolívar y la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, permitió judicializar a nueve presuntos integrantes de una red de tráfico de migrantes que estarían involucrados en distintas maniobras ilícitas para garantizar el paso y salida de ciudadanos extranjeros con destino final a Estados Unidos, Europa y países de Suramérica.
Dos de los procesados son funcionarios de Migración Colombia. Uno de ellos, Rolando Iglesias Sanjuán, sería el principal articulador del andamiaje criminal.
Al parecer, desde su puesto de trabajo en Paraguachón en La Guajira, contactaba a extranjeros y les ofrecía documentos de identidad como si fueran ciudadanos colombianos o prórrogas en los pasaportes para ayudarlos a salir del país por los aeropuertos Rafael Núñez, en Cartagena; y Ernesto Cortissoz, en Soledad.
El otro servidor público, identificado como Rafael Púa Ríos, es señalado de sellar los pasaportes y avalar el paso de los migrantes que lo buscaban en los filtros de migración de la terminal aérea que sirve a Barranquilla.
Los demás involucrados cumplirían distintos roles como falsificadores, tramitadores o intermediarios para conseguir registros civiles en distintas notarías y registradurías en ciudades de la Costa Atlántica.
Las personas que harían parte de la estructura fueron capturadas en un trabajo conjunto de la Fiscalía, la Policía Nacional y Migración Colombia, en diligencias realizadas en distintos municipios del Atlántico, Córdoba y La Guajira.
Un fiscal de la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos imputó a los detenidos, según el posible nivel de participación, los delitos de concierto para delinquir,
tráfico de migrantes y falsedad material en documento público.
Cinco de los procesados aceptaron cargos.
