La Dirección Especializada contra los Delitos Fiscales, logró la judicialización de seis personas que conformaban a una red señalada de realizar importaciones y exportaciones de manera ilegal.
La investigación, realizada conjuntamente por el CTI y la Policía Fiscal y Aduanera, evidenció cómo las irregularidades en las operaciones comerciales, al parecer, se concretaron mediante pagos a funcionarios de la DIAN, y de la Policía.
Esta organización tendría injerencia en Bogotá y en los departamentos de Bolívar, Atlántico, Cesar y Norte de Santander.
Los dos cabecillas, supuestamente, ejercían las actividades ilícitas en Cartagena y Barranquilla.
El material de prueba da cuenta de que serían los encargados del relacionamiento con posibles clientes y entregar los sobornos a los servidores públicos, por cada acta de inspección reportada sin novedad, u obtener las autorizaciones correspondientes de levante o liberación de mercancía.
La Fiscalía imputó a Jeysson Enrique Pautt Bustos, Ismael Andrés Rodríguez Quintero, Marco Segundo Eguis Ruíz y Jorge Luis Bolaño Romero, los delitos de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública y cohecho por dar u ofrecer.
De otra parte, imputó al inspector de la DIAN, Seccional Barranquilla, Roberto José Collante Santiago, el delito de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública y cohecho impropio.
Mientras que, al integrante de la Policía, John Jairo del Real Montalvo, quien se desempeñaba como inspector de control portuario y aduanero en Cartagena, le imputó los delitos de concierto para delinquir con fines de cometer delitos contra la administración pública, agravado y cohecho impropio.
Por decisión de un juez de control de garantías de Cartagena, los imputados fueron afectados con medida de aseguramiento privativa de libertad en su lugar de residencia.
