El mayor retirado de la Policía Nacional Hermes Martín Arellano Chamorro fue cobijado con medida de aseguramiento en la cárcel de Sabanalarga, mientras que el teniente Eduardo Enrique Durán Albor y el intendente Calazan David Berrio Hernández, con detención domiciliaria, luego de haber sido llevados a audiencias preliminares.
A los uniformados, el Fiscal 23 Seccional de Estructura de Apoyo de Barranquilla, Mauricio Chiquillo Jiménez, les imputó cargos de peculado por apropiación, amenazas y concierto para delinquir.
Según las investigaciones de la Fiscalía, los uniformados cuando ocuparon cargos como comandantes y tenían puestos administrativos en la Estación de Policía de Malambo, se habrían apropiado de recursos del Estado destinados para protección de testigos y de víctimas dentro de la Ley de Justicia y Paz.
Según la denuncia instaurada por una beneficiaria de este programa, los hoy imputados no le giraban de forma completa el dinero que debía recibir por parte del Gobierno Nacional para su alimentación, arrendamiento de vivienda y otros gastos para ella y sus ocho hijos.
