Más allá de los documentos, videos y miles de certificados electorales marcados con un tierno corazoncito rosado, en cuyo interior se lee “Gracias por tu apoyo”, y calcomanías con códigos de barras bidimensional QR, por sus siglas en inglés, que formaban parte de una “sofisticada red de compra de votantes” hallados en la sede de campaña de la congresista Aida Merlano Rebolledo, la Fiscalía General evalúa con especial cuidado la información contenida en una simple hoja tamaño carta que puede convertirse en la gran prueba contra familiares, amigos o dirigentes políticos allegados a la parlamentaria, entre los que estarían concejales, diputados y ex alcaldes.
El documento, encontrado en uno de los 9 computadores incautados, fue presentado por la Fiscalía a los medios de comunicación con los apellidos tachados para no entorpecer la investigación.
La hoja contiene en 7 columnas y 21 filas información detallada de la operación financiera para comprar 132.766 votos. En ella se leen nombres como Adriana -figura dos veces- como responsable de proveer o cuidar 4.591 votos; Aissar, 16.197 votos; Celio, 2.406 votos; Elvis, 6.675 votos; Jorge -aparece dos veces- 21.882 votos; Juan, 18.178 votos; Margarita, 13.663 votos, además de otros nombres como César, Ana, Beatriz, David, Eduardo, Luis, Rafael y Vicente.
El fiscal general, Néstor Humberto Martínez, dijo que cada voto fue pagado a 40.000 pesos, razón por la cual, al lado de la cantidad de electores contactados para comprarles el voto, aparece una columna liquidando el 70% del pago inicial. Esa minuciosa operación costó 3.668 millones 670 mil pesos.
En la quinta columna de la hoja aparece el valor del transporte a pagar por 469 millones 895 mil pesos y en la siguiente columna liquidan el 30% restante del pago de los votos, por 1.513 millones 900 mil pesos.
Detalló el Fiscal General que por los buenos resultados en la compra de los votos reconocían una especie de prima de éxito, equivalente al 10%, para lo cual la organización electoral de Merlano Rebolledo apropió, según el documento, otros 518 millones 680 mil pesos.
Al final, abajo a la derecha de la hoja, aparece un pequeño cuadro con la cantidad 6.171 millones 45 mil pesos, que, presuntamente, fue el gran total utilizado para la ilegal operación.
Con estas pruebas no hay duda de que la cifra de los 132.766 votos es una muestra incontrovertible de lo que es la gigantesca compra-venta de electores que proveen los llamados ‘mochileros’. Se trata de mercaderes electorales que reúnen a cientos de miles de personas para que, por dinero o materiales de construcción, voten por candidatos acostumbrados a elegirse a punta de estas prácticas ilegales.
‘LOS MOCHILEROS’
Con las pruebas encontradas, con nombres y apellidos de los principales coordinadores de la campaña de Merlano, la Fiscalía está muy cerca de descubrir lo que es este multimillonario negocio electoral en Barranquilla y el Atlántico, que no es una práctica exclusiva de la parlamentaria que será investigada por la Corte Suprema y ya es investigada por el Comité de Ética del Partido Conservador.
El Fiscal General explicó que a los capturados, Vanessa Victoria Merlano Rebolledo, asesora de la campaña y hermana de la congresista; Edwin Rafael Martínez Salas, ingeniero de sistemas; Jefferson Viloria Mieles, auxiliar de sistemas; María Camila Valencia Lugo, encargada de redes sociales, y Everlin Carolina Díaz Díaz, jefe de marketing y pedagogía electores, les imputarán los delitos de corrupción al sufragante en concurso homogéneo y sucesivo.
OTROS DELITOS
Sin embargo, Néstor Humberto Martínez no descarta imputar otros delitos y ampliar el número de capturados del movimiento del corazoncito rosado, logo-símbolo de la campaña de Aida Merlano:
“Tenemos mucha información adicional que nos va a permitir establecer si en este caso se han cometido nuevos delitos, delitos adicionales al de la corrupción al sufragante”, señaló Martínez.
Entre esos delitos podría configurarse, dijo el Fiscal, el de “violación al tope del financiamiento” de campañas electorales y podría adicionarse la imputación. “Se está analizando, también, que haya existido la posibilidad de lavado de activos y otros delitos que estamos valorando”, concluyó.
@JoseGranadosF
