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Ministerio Público no quedó satisfecho con ‘solución’ a la crisis sanitaria de Medicina Legal

En atención a las quejas presentadas por la ciudadanía respecto a la presencia de malos olores en los alrededores del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, sede Barranquilla y la entrega de cuerpos en estado de descomposición, la Procuraduría Regional y la Defensoría del Pueblo mantienen los ojos puestos en la morgue.

Por medio de un oficio, ambas entidades citaron para este miércoles 30 de julio, a las 9 am, a la Directora Regional, Erika Vargas Sánchez, y a la seccional, Marjorie Yaneth Cervantes, del Instituto Nacional de Medicina Legal, a una reunión en la que “se exponga y se constate lo expuesto por miembros de la comunidad, y en algunas publicaciones realizadas en medios de comunicación, los eventos de riesgo están relacionados con el posible incumplimiento de las reglas técnicas que deben ser aplicadas durante todo el proceso de tratamiento de cadáveres humanos, esto es, desde su levantamiento, mantenimiento y hasta la disposición final, o hasta el momento en el cual son entregados a sus familiares o interesados”.

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A la reunión, que se llevará a cabo en la sede de la Defensoría Regional, también deberán asistir el Alcalde de Barranquilla, Alejandro Char Chaljub; el Gobernador del Atlántico, Eduardo Verano De La Rosa; el Director de la Fiscalía Seccional Atlántico, William Fernando Orlando; la Secretaría de Salud, Stephanie Araujo Blanco; el Secretario de Salud de la Gobernación, Luis Carlos Fajardo; el Comandante de la Policía Metropolitana de Barranquilla, el Brigadier General Edwin Masleider Urrego; y el Comandante de la Policía Departamental del Atlántico, Coronel John Harvey Peña Riveros. O sus delegados con poder de decisión en sus competencias.

“La Defensoría del Pueblo considera necesario y urgente, iniciar un trabajo de atención preventiva, para lo cual se proponen tres líneas principales de acción, consistentes en (i) la realización de una reunión el miércoles 30 de julio de 2025, en las instalaciones de la Sede, en la cual se exponga y se constate lo ocurrido, (ii) con base en las competencias de la entidades y dependencias participantes, la conformación de un grupo de seguimiento que reciba un reporte periódico y, (iii) la generación de una estrategia prioritaria que involucre a todos los participantes”, se lee en el documento enviado a las altas esferas del Gobierno local.

La situación en Medicina Legal fue revelada en primicia por Zona Cero, tras recopilar testimonios que evidenciaban la crítica situación del cuarto de frío para mantener los cadáveres.

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Denunciaron que la crisis estaba en la cámara de refrigeración del instituto, la cual lleva más de siete meses sin funcionar adecuadamente.

Esta falla estructural, sumada a demoras en los traslados y la saturación del sistema, colapsó por completo el manejo de cadáveres en la capital del Atlántico.

“No se puede velar a nadie. Uno llega esperando al menos despedirse, pero el cuerpo está tan descompuesto que hay que enterrarlo de inmediato”, contó un doliente en su momento a Zona Cero.

Una semana atrás, una fuente que tuvo la posibilidad de ingresar a adelantar una diligencia en la morgue se encontró con este panorama aterrador e indicó que el sistema de refrigeración, diseñado para mantener los cuerpos en temperaturas bajo cero, no logra siquiera enfriar.

“Eso no es una nevera, es una caja caliente. No sirve para nada. Los cuerpos se pudren más rápido ahí que si los dejaran afuera. Algunos cuerpos permanecen días o incluso semanas almacenados, muchos sin identificar, y ante el colapso de espacio, terminan sobre mesas o en el suelo”.

La problemática comienza incluso antes de que los cadáveres lleguen a la sede de Medicina Legal, según los testimonios de fuentes judiciales. Los cadáveres que son levantados tras accidentes o crímenes, permanecen durante horas en condiciones inadecuadas, en vehículos adaptados que no utilizan el sistema de refrigeración disponible.

La fuente judicial explicó que el traslado incluye una parada obligatoria en la Unidad de Reacción Inmediata (URI), donde se gestiona la cadena de custodia, un trámite que puede tardar entre dos y ocho horas.

Durante ese tiempo, el cuerpo permanece metido en una bolsa, expuesto al calor o al sol.

Para confrontar todos estos hechos y definir los protocolos que eviten se siga ahondando la crisis, el Ministerio Público busca una solución concentrada entre todos los entes distrital y departamental, que se concrete en un plan de atención urgente.

Wendy Barreto Tafur

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