El secretario del Interior, Guillermo Polo, calificó de grave la denuncia del fiscal general, Néstor Humberto Martínez, en el sentido que personal del INPEC está exigiendo “sobresueldos” a algunas alcaldías municipales en el Atlántico para el traslado a cárceles de personas que se encuentran en la URI y en las estaciones de Policía.
“Ni la Gobernación del Atlántico, ni el Distrito de Barranquilla tenemos algún contrato con el INPEC”, aclaró Polo Carbonell.
En al menos seis ciudades de Colombia, miembros del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, Inpec, estarían exigiendo sobresueldos a las administraciones municipales, como condición para trasladar a establecimientos carcelarios a los detenidos que se encuentran hacinados en sitios de reclusión transitoria.
De acuerdo a la investigación que adelanta la Fiscalía, en un municipio del Atlántico, en el que la administración municipal habría cedido a las exigencias económicas de funcionarios del Inpec, el traslado de los reclusos a establecimientos penitenciarios fluye normalmente.
